Tura pide un "apoyo explícito" para el juez del 'caso Millet'

Pluralidad de opiniones en el Gobierno catalán sobre la actuación del juez Juli Solaz en el caso del saqueo del Palau. Mientras la consejera de Justicia, Montserrat Tura, reclamó ayer un "apoyo explícito" al magistrado, el titular de Interior, Joan Saura, considera que en la sociedad catalana existe "un clamor de incomprensión" por la decisión judicial de mantener en libertad a Fèlix Millet y Jordi Montull y rechazar la petición de prisión incondicional que reclamó la fiscalía.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, tuvo que mediar desde Londres para negar que en el Ejecutivo catalán hubiera discrepancias. En su opinión, la decisión de recurrir la decisión del juez "es suficientemente explícita" como para entender la postura en este caso.

Según la consejera Tura, la discusión sobre la actuación del juez en la investigación del saqueo del Palau puede acabar debilitando su autoridad. Por eso pidió que se confíe en las decisiones que adopte el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, incluida la libertad de Millet y Montull y que ha generado una ola de críticas y apoyos entre miembros de la judicatura, la política y la sociedad civil.

Tura considera que esa disparidad de criterios no supone "un enfrentamiento" entre jueces y fiscales, ya que, en su opinión, ambos están trabajando para que los culpables del saqueo del Palau respondan ante la justicia. "Mientras los buenos discuten por razones de procedimiento, los malos se frotan las manos", dijo la consejera, que hizo hincapié en la necesidad de "sumar esfuerzos" y de apoyar al juez, a quien le pidió que "instruya e instruya bien".

Poco antes, el consejero de Interior, Joan Saura, reclamó que el juez adopte las medidas cautelares que ha solicitado la fiscalía contra Millet y Montull.

Teresa Compte, fiscal superior de Cataluña, explicó ayer que las penas que se les podrían imponer por los delitos continuados de apropiación indebida y falsedad podrían alcanzar los 14 años de cárcel si se apreciara el grado máximo, a la que habría que añadir la malversación de fondos que el juez ha rechazado, por ahora.