El Gobierno obliga a las televisiones a invertir el 5% de sus ingresos anuales en cine

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana una de las grandes reivindicaciones del sector cinematográfico: el real decreto que obliga a las televisiones a invertir el 5% de sus ingresos anuales para financiar el cine. De este porcentaje para películas europeas y españolas, se reserva al menos el 60% para el cine español. El mundo del cine se ha felicitado por la medida, pero los operadores de televisión privados han lamentado la decisión, que consideran "inflexible". En opinión del Gobierno, se abre "una nueva y prometedora etapa para el cine español".

Según el Gobierno, el Reglamento, que ha sido presentado como propuesta conjunta de los ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio después del Dictamen favorable del Consejo de Estado, proporcionará la "seguridad jurídica necesaria para el cumplimiento de esta obligación establecida por ley". "Y ha sido ampliamente conocido por todos los interesados, que han podido formular sus observaciones a lo largo de las diversas fases de su elaboración, muchas de las cuales han quedado recogidas en el documento", señala la nota emitida por el Gobierno tras el Consejo de Ministros.

El Reglamento realiza una interpretación "lo más flexible posible" de la Ley, con objeto de "facilitar el cumplimiento de la obligación por los operadores de televisión, sin que ello perjudique los intereses de la industria de contenidos audiovisuales, cuya defensa y promoción, como expresión de la diversidad cultural española y europea, era el objetivo del precepto legal". A lo largo de diez artículos, el real decreto establece las normas para determinar los ingresos de los operadores de televisión que se han de computar para cumplir esta obligación, así como para establecer cuáles son los gastos e inversiones que serán computables y los que se excluyen, para determinar la obligación de financiación, excluidas las ayudas recibidas.

Comisión Interministerial de Seguimiento

También establece cómo se debe acreditar la financiación efectuada por los operadores de televisión, así como las informaciones que se deben suministrar, e identifica las obras audiovisuales -de ficción, documentales o de animación- que pueden ser objeto de cómputo para poder recibir financiación. Computarán los largometrajes y cortometrajes cinematográficos, así como las películas para televisión que no se vayan a explotar en cine. Pero no computarán las series de televisión, salvo las que sean de duración inferior a 150 minutos y se emitan en dos partes. Para verificar el cumplimiento de esta obligación, el Reglamento establece que los operadores deberán remitir un informe, antes del 1 de abril de cada año, en el que las televisiones privadas tendrán que acreditar sus ingresos a través de sus cuentas anuales, y TVE a través de un certificado emitido por el Director General de RTVE.

El Reglamento no cierra la puerta a posibles acuerdos entre productores y operadores de televisión, siempre que sean para cumplir mejor con la obligación legal. Con la aprobación de este Reglamento, el Gobierno "asume la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones frente a los ciudadanos cerrando un vacío jurídico", señala el Consejo de Ministros. Para realizar el seguimiento del cumplimiento de este real decreto, se constituye una Comisión Interministerial de Seguimiento, formada por representantes del Ministerio de Cultura, Industria, Turismo y Comercio y Presidencia. Dicha Comisión se adscribe al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, este real decreto abre "una nueva y prometedora etapa para el cine español". "El objeto concreto de la medida que desarrolla el reglamento es aclarar cómo se debe calcular cuánto dinero deben invertir las televisiones y en que tipo de películas se puede invertir. Solo así podrán los operadores de televisión cumplir con una ley que, hasta ahora, venía siendo inoperante", ha añadido Fernández de la Vega.