¿Quién paga las copias?

Un canon es, según una de las definiciones de la DRAE, “un modelo de características perfectas”. El digital, sin embargo, se ha empeñado en contradecir esto. Porque este canon —que compensa a los creadores por las copias privadas que los usuarios puedan hacer de sus obras— es objeto de polémica en España desde hace décadas. El Gobierno ha aprobado esta semana un decreto que introduce un nuevo modelo, que gravará a los fabricantes o importadores de los aparatos que técnicamente permiten realizar copias. Pero nada impide que estas empresas sumen la nueva tasa al precio final, y por tanto al consumidor. ¿Quién pagará los 5,25 euros que el decreto impone sobre una impresora? ¿Y los 3,15 de un portátil? Además, ¿quién hace copias hoy en día? La polémica vuelve a estar servida. La perfección, por lo visto, se ha quedado en el diccionario.

“El canon es el mejor modelo posible. Funciona en toda Europa, salvo Finlandia”, aseguraba a este diario Antonio Fernández, director general de la Asociación por el Desarrollo de la Porpiedad Intelectual (Adepi). Las entidades de gestión de los derechos de autor que agrupa esta organización celebran el nuevo decreto, aunque lo consideran tardío: al menos, pone fin al vacío legal en que se hallaba España desde noviembre de 2016, después de que la justicia europea y el Supremo tumbaran el anterior modelo. A falta de que el nuevo texto pase por el Parlamento, la hoja de ruta ya está sobre la mesa.

Las leyes prohíben que se reproduzcan obras culturales sin la autorización de sus creadores. Sin embargo, se aceptan las copias realizadas para uso privado, sin fin comercial. A cambio, hay una compensación económica a los creadores. Así nació el canon, para soportes como fotocopiadoras y casetes. Y, desde la actualización del Gobierno de Zapatero en 2006, también para memorias USB o móviles. Pero el debate no está cerrado: ¿una obra guardada en la nube entra o no en el canon?

Las crítica arrancaron hace años contra un modelo que cobra a priori, sin valorar ni la cantidad de copias ni quién las realiza. La batalla llegó a los tribunales y la tasa salió herida: en 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó que solo deben pagarla personas físicas, no jurídicas. Un año después, el Gobierno del PP enterró el modelo, y lo sustituyó por otro con cargo a los Presupuestos. Pagaban, pues, todos los españoles. La compensación a los creadores pasó de 115 millones a cinco, y tres entidades de gestión regresaron con reclamaciones a los juzgados. Este canon fue anulado, dejando un agujero y un caos: las entidades reclaman judicialmente el dinero que dejaron de cobrar por ese modelo irregular.

El tercer proyecto de canon llega con algunas lecciones aprendidas. Incluye, por ejemplo, la exención para empresas y Administraciones Públicas. Sus críticos sostienen, sin embargo, que no basta. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tacha la nueva propuesta de “obsoleta” y discriminatoria”. Y varios organismos prometen dar batalla. Dicen que el nuevo modelo no es más que una copia.