Canal 9 cumple un año a ciegas

Canal 9 pasó a negro hace un año y se convirtió en la primera televisión autonómica española que echaba el cierre dejando tras de sí una estela de 1.600 empleados despedidos, 1.200 millones de euros de deuda y un rosario de escándalos relacionados con la manipulación informativa, la corrupción y el abuso de poder.

Eran las 12.19 del 29 de noviembre cuando el Gobierno valenciano, que preside el popular Alberto Fabra, lograba cortar las emisiones de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), en manos de los trabajadores desde el día anterior tras la inesperada dimisión de la directora general del ente, Rosa Vidal.

La decisión de clausurar Canal 9 fue adoptada personalmente por el presidente valenciano, que justificó el cierre por la crisis económica y los graves problemas financieros de la Generalitat. Apenas un año después, y cuando aún no ha concluido el proceso de liquidación de RTVV —que está recurrido en los tribunales—, el propio Gobierno autónomo, la oposición de izquierdas y un buen número de asociaciones ciudadanas abogan por la recuperación de la televisión pública valenciana.

Ninguna otra autonomía ha renunciado a su televisión pública

El pronunciamiento más inesperado ha sido el del propio Fabra, que ha anunciado públicamente su disposición a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 90.000 firmas y a negociar con la oposición la reapertura de RTVV a partir “de cero”.

El giro copernicano de Fabra obedece a distintas razones. Entre ellas, destaca la necesidad de aplacar el malestar del propio PP valenciano, donde ha calado la idea de que el cierre fue un error. Tanto, que el presidente de la Diputación de Valencia, el popular Alfonso Rus, ha convocado un concurso para montar una televisión autonómica privada antes de las elecciones con 3,2 millones de euros. En el cambio de parecer de Fabra también ha pesado la constatación de que el cierre de la televisión autonómica, pese a la crisis, no ha sido secundado por ningún territorio más, ni siquiera en los gobernados por el PP.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, considera “irrenunciable” la recuperación de la televisión autonómica si gana las elecciones de 2015. Una opinión que comparten también los otros partidos con representación parlamentaria, Compromís y Esquerra Unida.

Sin embargo, los expertos en derecho consideran que, si la liquidación definitiva de RTVV es compleja, la reapertura de Canal 9 no será menos complicada. “Habría que ver las condiciones de reapertura y cómo afectaría a los trabajadores que han sido despedidos porque podría haber fraude de ley”, afirma Carlos Alfonso, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València. “Además, si se emplearan las actuales instalaciones se correría el riesgo de incurrir en sucesión de empresas y, por tanto, en infracción”.

De momento, el comité de empresa de RTVV, que ha mantenido las movilizaciones ininterrumpidamente, celebrará el primer aniversario del apagón con una concentración, que tiene el apoyo de más de 75 organizaciones sociales, frente al Palau de la Generalitat, sede del Gobierno valenciano. Para los extrabajadores, “un año después se ha demostrado que todos los argumentos que se dieron para cerrar RTVV eran falsos, por eso consideramos necesario revertir la ley de cierre”.

Para muchos, la esperanza ahora es que se siga el ejemplo de Grecia, que cerró su televisión pública asfixiada por la crisis en junio de 2013 y la reabrió, finalmente, el pasado mes de mayo.