_
_
_
_
_

La fiscalía se afianza en la tesis de que doña Cristina no cometió ningún delito

La defensa pedirá el archivo y los tribunales decidirán si la Infanta sigue imputada en el 'caso Nóos'

María Fabra
El fiscal Horrach, a la izquierda de la imagen, llegando el sábado a los juzgados de Palma.
El fiscal Horrach, a la izquierda de la imagen, llegando el sábado a los juzgados de Palma.ULY MARTÍN

El interrogatorio a la Infanta afianzó, de lo trascendido hasta el momento, las posiciones de cada una de las partes en lo que afecta a la hija del Rey.

Los pasos siguientes están determinados por la ley y son prácticamente previsibles. La defensa no tardará, a la vista de lo declarado, en pedir el sobreseimiento para la esposa de Iñaki Urdangarin. El fiscal hará lo mismo, después de una comparecencia en la que se centró en consolidar su tesis de que el delito fiscal no existe y que la aún imputada desconocía el origen ilícito de los fondos ingresados en Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo y de la que utilizó dinero para gastos particulares. La Abogacía del Estado —que defiende los intereses de Hacienda— respaldará este argumento apoyándose en los informes de la Agencia Tributaria que consideran que no hubo delito fiscal.

Pasarán meses antes de que se sepa si la hija del Rey será juzgada

Ante cualquiera de estos tres escritos, el juez dará traslado a las partes para, posteriormente, pronunciarse. En un nuevo auto —que puede adelantar si considera que tras la declaración hacen falta nuevas diligencias— determinará si mantiene la imputación o si la levanta. Si decide mantenerla, incluso tras un recurso de reforma ante el mismo José Castro, será el turno de la Audiencia de Palma, sobre la que las defensas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentarán su impugnación.

Más información
La infanta Cristina exhibe su “confianza” en Urdangarin para desligarse de Nóos
Las imágenes de una declaración histórica
Castro se toma tiempo sobre la infanta
El Gobierno confía en una rápida desimputación de doña Cristina

Así, será la Audiencia de Palma la que, finalmente, decidirá si existen suficientes indicios para determinar si la hija del Rey participó o no de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales y, por ello, someterla a juicio.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado presentarán las mismas tesis que han sostenido hasta el momento. Además, apelarán a la doctrina Botín, creada por el Tribunal Supremo, que dicta que el caso no puede prosperar si los perjudicados directos no acusan y la imputación se mantiene solo a petición de una acusación popular.

En este caso, el perjudicado sería, por el presunto delito de fraude fiscal, Hacienda, que está representada por la Abogacía del Estado, que no considera que haya habido perjuicio. Contra estas tesis ya se manifestó la Audiencia de Palma que, el pasado mes de mayo, ya dictó que la acusación popular a la que representa Manos Limpias “gozaría de legitimación para ejercer la acción penal contra la Infanta apelante”.

Pero, además, en contra de los planteamientos del aparato del Estado se sitúa también la doctrina Atutxa, una interpretación de la doctrina Botín creada por el mismo Tribunal Supremo. Esta señala que cuando el delito tiene como perjudicados los intereses colectivos, la acción única de una acusación popular sí podría hacer prosperar la imputación. Según fuentes del Supremo, en el caso del delito de blanqueo, por el que también está, de momento, imputada la Infanta, sí se podría aplicar la doctrina Atutxa.

La decisión de la Audiencia provincial puede tardar meses y no será hasta entonces, cuando el juez decida y determine si finiquita la instrucción y da el siguiente paso.

En esa resolución, llamada de transformación, pide a las partes que concreten, en un escrito, su acusación o su petición de archivo. Además, defensa y acusaciones pueden pedir que se practiquen nuevas diligencias. La decisión del juez también puede ser recurrida, ante el mismo juez y ante la Audiencia, con lo que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado tendrán otra posibilidad de que la imputación de la Infanta sea revisada. En cualquier caso, pasarán, de nuevo, varios meses hasta que se resuelva completamente.

El paso siguiente es el auto de apertura de juicio oral que no es recurrible, por lo que en el momento en el que Castro decida que el caso va a juicio, ya no habrá marcha atrás, con los imputados que incluya en su auto y por los delitos sobre los que considere que hay indicios suficientes como para ser juzgados.

Dada la gravedad de los delitos que se les imputan a los implicados y la cantidad de años de cárcel que llevan aparejados, en el caso de que se determine que son culpables, el caso Nóos será juzgado por la Audiencia provincial de Palma.

La intervención del Tribunal Supremo en el caso sería excepcional, salvo para el recurso, que sí se podría presentar contra la sentencia.

Aun así, ha habido instrucciones en las que se ha llegado hasta este tribunal mediante un recurso de queja. Si ocurriera así, el caso se prolongaría años, dado que los tiempos del Supremo para resolver son mayores.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_