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El Cabanyal espera una solución tras un año de paralización del plan

2011 abre un nuevo escenario para el conflicto del barrio de Valencia

Sara Velert

La esperanza de un futuro mejor y el desánimo por años de degradación urbana y social conviven en El Cabanyal desde hace más de una década. Años en los que el plan del Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a costa del derribo de más de 450 casas ha polarizado el debate político y ha marcado la relación de muchos vecinos de este barrio marinero. Unos a favor y otros en contra de la operación urbanística, pero todos pendientes de una solución que ponga freno al deterioro de su entorno, les devuelva la seguridad en sus calles y les ofrezca la calidad de vida que corresponde a un espacio privilegiado junto a las playas de la ciudad.

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"Que hagan la avenida o no, pero que se decidan ya a hacer algo", pide Concepción Fornés, de 49 años, como otros vecinos. El barrio continúa a la expectativa de un cambio un año después de que el Ministerio de Cultura decidiera suspender el plan impulsado por la alcaldesa, Rita Barberá, por considerarlo un expolio al patrimonio histórico y artístico del barrio. La orden de paralización y la exigencia de que se elaborara un proyecto urbanístico que respete la singularidad de El Cabanyal no ha solucionado los problemas, pero ha abierto un nuevo escenario en el largo conflicto.

Para empezar, las excavadoras han dejado de derribar casas, lo que es "positivo" y "permite albergar esperanzas de que al final se pueda abrir un diálogo" para recuperar el barrio sin destruir su trama urbana, opina el presidente de la asociación de vecinos de El Cabanyal-Canyamelar, Vicente Gallart. Un diálogo que, en el plano político, se antoja muy difícil. La orden ministerial recrudeció la batalla por El Cabanyal. El enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Generalitat, que intentaron sortear la paralización, y el Gobierno ha acabado en el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, el nuevo candidato socialista a la alcaldía de Valencia, Joan Calabuig, tiene una perspectiva distinta a la defendida hasta ahora por el grupo municipal que dirige Carmen Alborch. Ha llegado a hablar de "prolongación consensuada", aunque después matizó que no había cambio de estrategia, sino una intención de "poner por delante la revitalización del barrio a lo de prolongación sí o prolongación no".Calabuig, cuyas declaraciones sorprendieron en el barrio y en el partido, tendrá ocasión de detallar su propuesta sobre El Cabanyal a los vecinos en un acto previsto la semana próxima en el Ateneo Marítimo. "La palabra prolongación no es pequeña, es una bomba aquí, pero creo que hay una trayectoria de partido que no cambiará", opina sobre la polémica Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal. Las elecciones municipales están cerca. La plataforma promoverá "que se vote" y mantendrá su línea de "independencia" y defensa de la rehabilitación del barrio "por la vía política, judicial y social".

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La salida al conflicto político parece lejana, con elecciones o sin ellas. "Nosotros debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Tenemos que seguir presionando y contactando con todas las instituciones para buscar soluciones a los problemas y que se oiga nuestra voz", afirma Vicente Gallart. Un empeño complicado por la tensión constante con el Ayuntamiento. En la retina del barrio siguen grabadas las imágenes de la carga policial contra los vecinos que trataron de impedir el pasado abril que las máquinas enviadas por Barberá demolieran varias casas.

Además, el gobierno local respondió a la prohibición judicial de derribar más casas con la suspensión de cualquier licencia de obras y actividad en El Cabanyal, aunque fuera para pintar una fachada o mejorar un negocio. Los vecinos reaccionaron con quejas ante el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo con el argumento de que la suspensión del proyecto urbanístico no puede condenar los intentos del propio barrio por "recuperar un escenario de normalidad" que ayude a "la reactivación social y económica". Las protestas de los vecinos, a las que se sumaron las de los comerciantes, han llevado finalmente al gobierno local del PP a abrir algo la mano. En los últimos meses, aunque con cuentagotas, han empezado a aprobarse algunos permisos. La posición oficial del Ayuntamiento, sin embargo, no ha variado. El equipo de gobierno insiste en que no puede dar licencias porque lo impide la orden ministerial, pese a que un informe de la Abogacía del Estado avala que se den cuando no dañan el patrimonio histórico.

Más allá de esa batalla, la asociación vecinal exige de manera constante que se incremente la presencia policial y se eliminen focos de insalubridad por las basuras acumuladas en solares y en torno a contenedores. "En esos aspectos ha habido una mejora unos meses, aunque últimamente vuelven a aumentar las quejas", constata Gallart.

"Yo no veo mejora. Esto está mal, mal, mal", opina al respecto P. G., de 59 años, que no quiere dar su nombre "por seguridad" en una de esas calles de El Cabanyal en las que se vende droga y hay casas ocupadas por familias gitanas. "Esto hay que tirarlo", añade. Otros, como Francisco Zafra, de 46 años, tampoco ven futuro al barrio. "Esto está igual que hace un año, por no decir peor", afirma a las puertas de un bar del barrio. "Pero si quisieran, lo podrían arreglar", añade su compañera, María José Martínez, de 50 años. Frustración y esperanza se alternan en las conversaciones, pero sobre todo la petición de que algo "se mueva".

En eso se centrará Salvem El Cabanyal, que hace un balance "positivo" del último año. "Seguimos existiendo, luchando por la prosperidad de este barrio, por desarrollar su gran potencial", afirma Doménech. Por una "rehabilitación sin destrucción", como piden los carteles colgados en fachadas del barrio, que en el último año han empezado a alternarse con otras que reclaman la prolongación de la avenida defendida por Barberá, en cuyo apoyo ha nacido también una nueva asociación vecinal. Dos maneras de imaginar el futuro de El Cabanyal que continúan vivas en el barrio y a la espera de soluciones.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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