El fiscal pide a la Audiencia que obligue al juez a citar a Millet y Montull
Erre que erre. La fiscalía insiste en que Fèlix Millet y Jordi Montull declaren cuanto antes para esclarecer el saqueo de los fondos del Palau de la Música. Y si el juez Juli Solaz lo ha denegado ya en dos ocasiones por considerar que no es el momento procesal oportuno, sólo queda que se lo ordene un tribunal de rango superior para que lo acuerde. Por ese motivo, la fiscalía presentará hoy un recurso ante la Audiencia de Barcelona en el que solicita de la sala que se obligue al juez a llamar a declarar a Millet y Montull.
La petición del fiscal es una medida de la que no se recuerdan precedentes, según coincidieron en señalar ayer diversas fuentes judiciales. Y es que la práctica habitual es que el juez de instrucción acuerde en un mismo auto la admisión de la querella y la citación como imputados de los querellados para que puedan defenderse de los delitos de que se les acusa. En otros casos, el juez posterga unos días la decisión sobre la citación de los querellados para prestar declaración.
El trámite habitual es admitir la querella y llamar a los acusados
Los analistas han comenzado a estudiar los datos del consorcio
Sin embargo, en el caso Palau ya han transcurrido más de tres meses -dos si se excluye agosto porque es inhábil- desde que la fiscalía se querelló contra Millet; Montull; la hija de éste, Gemma, y dos personas más por supuesto desvío de 2,29 millones de euros de los fondos del Orfeó Català y de su fundación.
Y después de ese periodo, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona todavía no ha resuelto la petición de citarlos a declarar, a pesar de que el fiscal se lo ha solicitado en dos ocasiones. La negativa del juez resulta todavía más incomprensible porque en esas peticiones el fiscal reclamaba, además, la celebración de una comparecencia para la adopción de medidas cautelares. Es decir, para pedir del juez que envíe a la cárcel a Millet y Montull. Y es que, según el fiscal, existen razones fundadas para considerar que ambos cometieron los delitos de los que se les acusa y que ha de acordarse la prisión preventiva.La investigación de las cuentas del Palau sigue y esta semana ha empezado a centrarse en las del consorcio, que gestionaba el dinero público de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. Esta parte la fiscalizaba el Departamento de Economía, uno de cuyos auditores, que formó parte del equipo que trabajó en el Palau entre 2002 y 2005, tiene una relación sentimental con la querellada Gemma Montull.
"Lo único que puedo decir es que no tengo nada que ver con todo lo que ha pasado", señaló ayer a este diario el auditor Enric Fernández, sobrecogido por todo lo que se le ha venido encima y por el alcance de un caso que, asegura, le ha sorprendido tanto como al que a más. Molesto y preocupado por la magnitud que se ha dado, dice, a una relación que es privada y que, insiste, no tiene que ver con su trabajo profesional, Fernández afirma que las explicaciones ya las dio a sus superiores en el departamento. Desde que se filtró su nombre en relación con el caso, en el Departamento de Economía y en la actual administración del Palau ha predominado la discreción por considerar que, en principio, no tenía nada que ver con las prácticas fraudulentas que investiga el juez. A él se remite el auditor reclamando que no se le involucre en un caso que tendrá algunos culpables claros y víctimas colaterales.
Fue el propio Millet, ex vicepresidente del consorcio que gestionaba el Palau, el que empezó a lanzar sospechas a diestro y siniestro en la carta dirigida al juez en la que reconoció el desvío para uso personal de 3,3 millones de euros, algo que corroboró también en una carta Jordi Montull, director administrativo del Palau y padre de Gemma Montull. La carta de Millet, según diversas fuentes, supone la confesión de un delito de estafa, malversación de caudales públicos y falsedad.
Joan Manuel Tresserras, consejero de Cultura, aseguró ayer en el programa Àgora de TV-3 que el del Palau de la Música un caso aislado. Dejando claro que la propiedad del Palau es del Orfeó Catalá, pidió, eso sí, crear una estructura en la que las administraciones tengan mayor control de la gestión. Asimismo, Tresserras reclamó cambios en los procedimientos de las auditorías y en el control de las fundaciones.
