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La juez imputa al hijo de la exdirectora del IVAM

La magistrada cree que Rablaci se benefició de la "trama" de su madre para promocionar su carrera artística

Ignacio Zafra
La exdirectora del IVAM, Consuelo Ciscar, junto a su abogado, pide a los medios de comunicación que le dejen pasar, a la salida de los juzgados en Valencia esta mañana.   l
La exdirectora del IVAM, Consuelo Ciscar, junto a su abogado, pide a los medios de comunicación que le dejen pasar, a la salida de los juzgados en Valencia esta mañana. lMÒNICA TORRES (EL PAÍS)
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La juez que investiga el caso IVAM ha imputado al artista Rablaci, hijo de la exdirectora del museo Consuelo Ciscar y del exconsejero de la Generalitat valenciana Rafael Blasco. La magistrada cree que Rablaci se benefició de la supuesta "trama" creada por su madre en torno al instituto de arte moderno y le atribuye un delito de malversación de caudales públicos, según ha informado a través de Twitter el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La magistrada ha citado a la exdirectora del museo y a Rablaci —acrónimo de Rafael Blasco Ciscar— a una vista el próximo miércoles 15 de marzo para decidir si acuerda medidas cautelares.

Esta semana la juez ha decretado el decomiso de 12 obras de arte de Ciscar, al considerar que las había obtenido "a resultas de la actividad delictiva" que le atribuye. Parte de las obras embargadas —de Carmen Calvo, el Equipo Crónica, Francisco Caparrós, Alberto Corazón, Bernardí Roig y Ramón de Soto— fueron expuestas en el museo. La instructora mantiene que Ciscar utilizó "su posición de superioridad en el IVAM" para exhibirlas, haciendo así que se revalorizaran y "conseguir con ello un beneficio ulterior en caso de venta".

En mayo de 2016 la investigación del caso IVAM dio un giro al revelar la magistrada el inicio de una investigación sobre el patrimonio de Rablaci ante la sospecha de que se hubiera beneficiado de los delitos de los que considera presuntamente autora a su madre: malversación, prevaricación y falsedad documental.

Entonces la juez pidió información sobre dos empresas contratistas habituales del museo ante la sospecha de que el IVAM había costeado trabajos no relacionados con el museo, sino con la carrera artística de Rablaci.

Y en febrero pasado, al imputar a otras dos personas en la causa, Jorge Reyes García Vallés y Pilar Mundina, ambos empleados del instituto de arte moderno, la juez señaló que habían tratado de "dar una proyección o impulso a la carrera artística" de Rablaci "con cargo a fondos del IVAM".

No es el único componente familiar de la investigación. En uno de sus últimos autos, la magistrada dio entrada en la causa a las hijas de Ciscar al considerar que la exdirectora del museo mintió al afirmar que les había donado las 12 obras de arte cuyo embargo ha ordenado.

Las hijas deberán estar representadas por un abogado, si bien ello no significa que estén imputadas por delito alguno. Se trata, precisó el Tribunal Superior de Justicia, de la aplicación del artículo 803 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé el acceso a un proceso penal "de aquellas personas que puedan resultar afectadas por el decomiso" de un bien.

Blasco, en prisión

El exconsejero Rafael Blasco cumple, por su parte, una condena de seis años de cárcel en el centro penitenciario de Picassent por malversar fondos de la Generalitat destinados a la cooperación al desarrollo.

Blasco ofreció hace poco el lujoso chalé que posee en Alzira (Valencia) para intentar cerrar un pacto en las dos piezas del caso Cooperación que permanecen abiertas, pagando de ese modo 850.000 euros de los 3,2 millones de responsabilidad civil que reclaman la fiscalía y la Abogacía de la Generalitat. El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía busca, a cambio, limitar a tres años las nuevas penas de prisión a las que puede ser condenado. Los delitos por los que ahora está imputado podrían acarrearle, en caso de juicio, un máximo de ocho años de cárcel.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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