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Hacienda impide varias giras exteriores de las compañías artísticas públicas

Los recortes en Cultura obligan a ballets, grupos de teatro y orquestas estatales a rechazar actuaciones e invitaciones internacionales por no afrontar gastos u horas extra

El Ballet Nacional de España, en una actuación en Pamplona el 26 de febrero.
El Ballet Nacional de España, en una actuación en Pamplona el 26 de febrero. Efe

“¿Marca España? ¿De qué nos hablan?”. La reacción —o queja, más bien— resulta muy común entre los directores de los ballets, las compañías de teatro estatales o la Orquesta Nacional. Todas las formaciones artísticas públicas dependientes del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem), a su vez subordinado al Ministerio de Cultura, han tenido que renunciar en los últimos dos años a grandes invitaciones con los gastos pagados para visitar diversos países por culpa de los recortes y la reducción de horas extra (que esos viajes acarrearían) a un máximo de 60 por año. Sus movimientos están absolutamente fiscalizados por una funcionaria perteneciente a Hacienda que trabaja en Cultura. A las implacables imposiciones de ahorro se unen las trabas que suponen unos convenios poco flexibles e inadecuados para el sector, según critican responsables de las distintas unidades de producción del Inaem.

Estos directivos se reunieron recientemente con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, para exigir soluciones. Urgentes. Le expusieron la situación derivada de la fiscalización, de los recortes o de la imposibilidad de afrontar salidas por la obligación de no sobrepasar las 60 horas extra al año.

El Ballet Nacional, dirigido hoy por Antonio Najarro, ha renunciado, por ejemplo, a visitar Túnez, Bosnia, Chipre, México, Abu Dhabi o Canadá. Solo puede afrontar una salida transatlántica al año y pierde con ello numerosas oportunidades. “Estamos, por culpa de esos recortes o por problemas de un convenio, el de 1998, que debe reformarse ya, a un 50% de nuestras posibilidades. No tiramos la toalla. Jamás. Pero lo triste es que trabajamos solamente lo que podemos, lo que nos dejan. No lo que querríamos y estaríamos dispuestos”, afirman tanto él como la directora adjunta del ballet, Gachi Pisani.

Un concierto de la Orquesta Nacional en el Auditorio Nacional. ampliar foto
Un concierto de la Orquesta Nacional en el Auditorio Nacional.

Algo parecido sucede con la Compañía Nacional de Danza. Su responsable, José Carlos Martínez, explica que programa “un 30% menos de funciones” de las que están capacitados a hacer.

Una única salida

Tanto ellos dos como los directores del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Helena Pimenta, el Centro Nacional de de Difusión Musical, Antonio Moral, o los directores técnicos de la Orquesta Nacional, Félix Alcaraz, y artístico del teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, también consultados por EL PAÍS, pidieron de forma unánime una solución a Benzo.

Ellos, como el resto de sus colegas en el Inaem —que consta de 14 unidades—, proponen como salida más realista una ley de autonomía propia similar a la que rige el Prado, el Teatro Real, el Reina Sofía y ahora también la Biblioteca Nacional. “Es la única solución”, coinciden Bianco, Moral, Caballero, Martínez, Najarro y Alcaraz.

Montserrat Iglesias, directora general del Inaem, asegura que desde el ministerio están tratando de ofrecer soluciones. En la secretaría de Estado afirman que reforzarán su estructura para consolidarlo como uno de los referentes indispensables de la cultura española. Y se muestran satisfechos con un aumento de público del 9% en 2016. Entonces se pusieron en marcha 221 espectáculos con un 85% de ocupación. El presupuesto del organismo también subió, un 15%, por lo que este año dispone de 149,9 millones. Aunque, desde 2009, sus fondos se han reducido en un 40%.

Todos los responsables confirman la buena disposición dentro del Inaem, según ellos, muy consciente del panorama. Los problemas, aseguran, vienen de otras partes: por un lado, de la política de asfixia impuesta por Hacienda y por otro, por los convenios anquilosados que impiden la flexibilidad propia de estos espectáculos. Pero, además, en la negativa, también impuesta por Hacienda, de disponer de los recursos que generan por ingresos propios de entradas. “Eso nos impide mucha libertad de acción”, comenta Antonio Moral. “Si nosotros dispusiéramos del millón de euros que generamos en taquilla, haríamos mucho más”.

Todo esto conlleva, además, un deterioro de su imagen internacional: “Se nos acaban las excusas para no aceptar invitaciones. Pero además, corremos el riesgo de que no nos las vuelvan a extender desde teatros, festivales y plataformas muy importantes. Con todo el daño que eso supone para nuestro prestigio y la buena imagen que podríamos ofrecer de nuestro arte y nuestra cultura en el exterior”, aseguran Pisani y Najarro en el Ballet Nacional.

En el Centro Dramático Nacional (CDN) también han dejado de atender ofrecimientos importantes, admiten su director, Ernesto Caballero y su adjunto, Félix Murcia. “De China, Rusia, Europa… Así no podemos seguir funcionando, los trámites para conseguir según qué permisos llegan al surrealismo”, tercia Bianco. Y lo hace con conocimiento de causa, pues gozó de una mayor flexibilidad cuando era director técnico del Teatro Real o responsable del Arriaga, en Bilbao, ambos regidos por fundaciones con autonomía propia.

Varios de los consultados señalan que resulta “humillante” la “mera actitud de sospecha” por parte de Hacienda con algunos de sus gastos cotidianos o imprevistos.

La recurrente guerra contra Montoro

En las dos últimas legislaturas ha sido constante el enfrentamiento entre los responsables de los ministerios de Cultura y Hacienda. No es una batalla frontal en el Consejo de Ministros, pero sí entre los respectivos cargos y funcionarios en todas las escalas. El anterior secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, la azuzó en varios frentes. El actual, Fernando Benzo, y el ministro, Íñigo Méndez de Vigo, la heredan.

Varios asuntos que no han quedado resueltos en gran parte por la actuación de Montoro y su ministerio. El primero es el IVA cultural. El sector reclama su bajada: un 21% resulta inimaginable en Europa. La negativa de Montoro suena a empecinamiento. Otro capítulo es la ley de mecenazgo, una ambiciosa transformación que se quedó en raquítica reforma fiscal, impuesta por Hacienda.

Los recortes, respondidos desde el mundo cultural, no cesan. La fiscalización, con funcionarios de Hacienda sentados en el Ministerio de Cultura, se vive casi como una provocación. El cierre fiscal —debido a las imposiciones de Bruselas— se presentó de sorpresa en julio e impidió que se liberaran fondos para los premios nacionales, entre ellos el Cervantes, en el año que se conmemoraba la muerte del escritor. Finalmente, cayó la restricción, pero aquello colmó el vaso. La guerra continúa ahora en torno a las compañías de teatro, danza y música estatales. ¿Será capaz Méndez de Vigo de ablandar la férrea austeridad —venganza en opinión de algunos— que propugna Montoro?