El fiscal pide 7 años de cárcel para Schmidt por su gestión de la ópera del Palau de Les Arts
Anticorrupción acusa a la exintendente de malversación, prevaricación y falsedad por dos contratos del coliseo de Valencia
La Fiscalía ha pedido este viernes siete años y medio de cárcel para la exintendente del Palau de Les Arts, Helga Schmidt, por su gestión al frente de la ópera de Valencia. El ministerio público acusa a Schmidt de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por cobrar con otros socios comisiones “injustificadas” del 10% al 30% al coliseo que dirigía a través de una empresa creada al efecto.
El quebranto global para las arcas públicas en la etapa de Schmidt ascendió, según el escrito de acusación, a 1,6 millones de euros.
La exintendente y los otros cuatro imputados han defendido que su actuación fue legal. El juez los procesó hace dos semanas y debe decidir si les abre juicio o archiva la causa.
El fiscal mantiene que como responsable de la ópera de la Generalitat valenciana y consejera de Patrocini de Les Arts —la sociedad que cobró las comisiones por la búsqueda de patrocinadores—, Schmidt “se encontraba en los dos lados de la relación contractual”. Y que ello supuso “crear un artificio para desviar fondos públicos a una empresa privada con conocimiento de que carecía de la infraestructura personal y material necesaria para desarrollar la actividad para la que se la contrató ilegalmente”.
El fiscal solicita ocho años de prisión para el ex director financiero de la ópera Ernesto Moreno. Y siete años para el administrador de la sociedad Radcliffe, Pablo Broseta, el presidente de Patrocini de Les Arts, José Antonio Noguera, y el consejero delegado de esta mercantil, Joaquín Maldonado.
Según el fiscal, Schmidt no podía formar parte de una empresa que hiciera negocios con el coliseo. Al contratarla a dedo, infringió los principios de “publicidad, concurrencia y transparencia”. Y, además, la búsqueda de los patrocinadores siguió haciéndola “mayoritariamente” el personal de la ópera del Gobierno valenciano.
El ministerio público también acusa a los responsables del coliseo de pagar sobrecostes “desorbitados” en la impresión de folletos y postales. Un trabajo para el que fue contratada la empresa de Broseta.