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De cómo el Constitucional condena a muerte la tauromaquia en Cataluña

La ambigüedad de la sentencia impedirá la vuelta de la fiesta de los toros a Barcelona

El torero Serafín Marín recibe a su primer toro, de El Pilar, con un capote en el que está escrita la palabra "Libertad", durante la última corrida de toros celebrada en la plaza Monumental de Barcelona después de que el Parlamento de Cataluña decidiera su prohibición
El torero Serafín Marín recibe a su primer toro, de El Pilar, con un capote en el que está escrita la palabra "Libertad", durante la última corrida de toros celebrada en la plaza Monumental de Barcelona después de que el Parlamento de Cataluña decidiera su prohibición

Parece claro que los espectáculos taurinos no volverán a Cataluña; y no solo porque los políticos que gobiernan en esa Comunidad decidan incumplir la ley, sino porque la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula la prohibición acordada por el Parlament, es lo suficientemente ambigua como para impedir, de hecho, que las puertas de la Monumental vuelvan a abrirse para la celebración de una corrida de toros.

Así piensan, al menos, dos juristas expertos en materia taurina: Luis Hurtado, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, y Juan Antonio Carrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Loyola. Ambos consideran que la sentencia se ciñe al planteamiento inicial de los recurrentes: un conflicto competencial.

“Cataluña tiene competencias en materia de protección animal y medio ambiente, y regulación de los espectáculos, pero no se pueden ejercer sin considerar otras que, en el mismo ámbito corresponden al Estado, como ocurre con la cultura”, argumenta Carrillo. “Y ese bien puede ser protegido frente a lo que la Constitución llama expoliación, entendido no en el sentido estricto, sino como cualquier forma de prohibición o desnaturalización de una manifestación cultural”, añade. “Cataluña no puede extirpar de su ámbito social una competencia que tiene dimensión nacional, y eso es lo que ha sentenciado el Constitucional”, concluye.

“La prohibición de los toros en Cataluña está abolida porque el acuerdo del Parlament choca con una competencia estatal, como es la conservación del patrimonio cultural común; en consecuencia, si la norma catalana se aplica, lesiona la ley estatal que declara la tauromaquia como patrimonio cultural, y de ahí su inconstitucionalidad”, añade Hurtado.

Pero…

“La bomba de la sentencia radica”, en opinión de Luis Hurtado, “en que explica sin necesidad lo que la competencia autonómica puede regular, y llega a decir que le permite prohibir algún tipo de espectáculo por razones ligadas a la protección animal, y establecer medidas de protección y cuidado del toro; esta es una sentencia de muerte para la fiesta en Cataluña”.

“Si las Comunidades Autónomas, como dice el TC sin necesidad, pueden regular el desarrollo de los festejos taurinos”, prosigue, “nada impide a Cataluña suprimir la suerte suprema o el tercio de varas o banderillas, que son elementos fundamentales de la corrida”.

Carrillo coincide con este planteamiento al tiempo que valora que el TC haya recogido en la sentencia la ley estatal que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, aprobada después de que se hubiera presentado el recurso de inconstitucionalidad. “De todos modos, y a pesar de que quede claro que una realidad cultural no se puede expoliar o extirpar de una comunidad, está claro que la sentencia no pasa de ser una victoria moral”.

“El Tribunal Constitucional es maestro en solucionar problemas sin molestar a nadie”, concluye Luis Hurtado. “Determina la nulidad de la prohibición, pero reconoce la competencia ilimitada para que Cataluña pueda hacer otra cosa”.

A juicio del catedrático de Derecho Administrativo, la perspectiva del Constitucional es muy corta “porque el tribunal parte de que la fiesta de los toros es patrimonio cultural inmaterial español, y me temo que esa afirmación no se sostiene en el tiempo, porque la ley de 2013 puede ser derogada en cuanto así lo decida una mayoría parlamentaria contraria a los toros, algo que no es irreal”.

En su opinión, la clave del razonamiento para la defensa de los toros tampoco reside en el apartado competencial “porque la regulación autonómica la puede dejar morir aunque no haya derogación de hecho”, sino “en el derecho a la protección de las minorías culturales”.

Juan Antonio Carrillo mantiene que el derecho internacional protege a las minorías que no vulneren la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque su cultura sea antisistémica, y a contracorriente de la mayoría. Esa es la clave utilizada por Colombia o Francia para proteger la fiesta de los toros desde una perspectiva minoritaria. En el país galo, por ejemplo, los toros se permiten como una excepción a la ley contra el maltrato animal en favor de una minoría a la que se le reconoce el aval de ‘una tradición local ininterrumpida’.

“Esta es la ocasión perdida de la sentencia”, añade Carrillo, “que considera los toros como una manifestación mayoritaria en este país, cuando creo que no es así”.

“Pero aceptar que somos una minoría es reconocer la decadencia de la fiesta”, apunta Hurtado.

“El futuro es que la tauromaquia será una realidad cada vez más minoritaria”, responde Juan Antonio Carrillo.

Por último, Luis Hurtado tiene claro que estamos viviendo un cambio de época: “Un fin de ciclo histórico, que no sé si será mejor o peor, pero en el que los toros son un elemento más de esa sociedad en proceso de desaparición”.

Por su parte, Carrillo afirma que el porvenir “es muy complejo”. “La sentencia del TC”, añade, “consolida la posibilidad de que en ciertos territorios se prohíba de facto la fiesta; de hecho, si se regula será para desnaturalizarla o no autorizarla, y cada vez estará más cuestionada porque es una fiesta difícil de comprender”.

“Tenemos una dificultad intrínseca para hacer pedagogía de nuestra afición. El sector taurino carece de argumentario en esta sociedad del buenismo y la dulcificación”, concluye.