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De Federico a ‘Homero’, muerte y persecución de Lorca

El problema español, una vez más, es que las víctimas siguen estando oficial y jurídicamente allí

La incertidumbre dio paso al fuego. A pesar del apoyo de la Guardia Civil, parte de las guarniciones militares de Granada rechazaron sumarse al golpe del 18 de julio, al tiempo que barrios populares y obreros, como el Farge o el Albaicín, ardían en llamas esperando una ayuda gubernamental que nunca llegaba. La ciudad quedó aislada del resto de la provincia y los sublevados terminaron imponiéndose por completo. Lo sucedido en la capital andaluza no fue en absoluto excepcional y se repitió a gran escala hasta desembocar en el comienzo de una guerra civil de la que se cumplen ahora 80 años. A pesar de estar lejos del frente, la radio y la prensa local comenzaron a transmitir una sensación de asedio, de ciudad rodeada, que se repetiría en otros tantos lugares donde triunfó el golpe. Un relato este, el de la “liberación”, canonizado durante décadas, ya solo sostenido desde un revisionismo que sigue cumpliendo su función de blanquear la implacable represión desatada a partir de aquel preciso instante. En poco más de un mes, entre el 18 de julio y el 25 de agosto, fueron ejecutadas en Granada o en sus inmediaciones cerca de 3.000 personas, sin juicio, declaración o defensa alguna, eliminando por completo toda forma de oposición, protesta o resistencia posible.

A pesar de lo que pueda parecer hoy, nada hacía realmente presagiar aquella tormenta perfecta. Las cartas y escritos de Federico García Lorca, como los de tantas otras personas, podían mostrar inquietud o incluso hacerse eco de los rumores de golpe militar que circulaban en determinadas capas de la sociedad. Pero, en modo alguno, podían advertir la gravedad de los hechos que se avecinaban. Todo comenzó, conviene recordarlo, tras un golpe de Estado, coordinado y dirigido militarmente, pero con una importante colaboración civil. Tal y como escribió el poeta católico francés afincado en Mallorca George Bernanos, el tiempo se fugó por “los grandes cementerios bajo la luna”. El mundo entero supo de la muerte de Lorca, crimen universal, por su significación pero también porque fue ejecutado junto a buena parte de la cultura popular que tanto cantó. Un contexto social amplio y abierto, que contrasta con las particulares incógnitas que persisten todavía hoy sobre su paradero. García Lorca es uno de los miles de desaparecidos que aún pueblan nuestra geografía (España, no se cansa de repetirlo Naciones Unidas en su informe anual, sigue ocupando el segundo lugar con mayor número de desaparecidos del mundo) que la dictadura trató de ocultar a través del sistemático borrado de documentación y conciencias. A pesar de todo, lentamente van apareciendo más pruebas y evidencias sobre su proceso y persecución después de muerto.

Lorca junto a sus parientes Rafael Troyano de los Ríos, a Laura de los Ríos (en el centro) y a Rita María Troyano de los Ríos. La fotografía fue tomada en la huerta de Granada.
Lorca junto a sus parientes Rafael Troyano de los Ríos, a Laura de los Ríos (en el centro) y a Rita María Troyano de los Ríos. La fotografía fue tomada en la huerta de Granada.

El 9 de febrero de 1940, un mes antes de que entrara en vigor la Ley de Masonería y Comunismo, la policía de Granada enviaba al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas la relación de 67 individuos que componían la logia Alhambra, “entre los que se encuentra Federico García Lorca, con el nombre de Homero". Consciente de la gravedad del asunto, el juez solicitó al día siguiente la fecha de ingreso y el grado alcanzado por Lorca en la masonería. Poco después, la Delegación Especial de Documentos informó que no existían tales antecedentes y ponía en cuestión el informe policial. El proceso quedó bloqueado hasta que el Tribunal Provincial trató de reactivarlo en marzo de 1942:

“En el expediente que por este tribunal se instruye contra FEDERICO GARCÍA LORCA, de 38 años de edad, soltero, escritor, natural de Fuente Vaqueros, vecino de Granada, con domicilio en Callejones de Gracia, hijo de Francisco y de María, aparece un oficio de esa Delegación Especial, de fecha 15 de marzo de 1940, en el que se manifiesta que dicho encartado no tiene antecedentes masónicos, pero la Comisaría de Investigación y Vigilancia de esta capital, en comunicación de 9 de febrero de 1940, sostiene que FEDERICO GARCÍA LORCA pertenecía a la logia Alhambra con el nombre simbólico de Homero, rogándole, vista la contradicción existente, participe a este Tribunal si es cierta o no la afirmación hecha por la comisaría, a fin de poder acordar lo procedente”.

Delegación de Documentos no solo ratificó su informe, sino que pidió al jefe de la comisaría de Granada que remitiera “los documentos masónicos que obren en la misma del referido”. Solo entonces la policía desistió y el caso quedó archivado definitivamente. Habían pasado casi seis años de la ejecución de Lorca. La familia se libró de una fuerte multa y de una nueva incautación de sus bienes, pero el aviso era muy serio. La muerte de García Lorca, por tanto, no solo muestra aquel “terror caliente” desatado en verano de 1936, ejemplifica también la amplia gama de formas de persecución que articuló el franquismo en su afán por intervenir y controlar la sociedad. La posguerra se había adentrado ya en un paisaje de hombres y mujeres, de familias enteras convertidas en criminales. Sus estigmas y señales fueron irreversibles. El impacto de aquel largo silencio impuesto constituye la intrahistoria de una sociedad aislada, cerrada sobre sí misma, a causa y efecto del miedo, de la “aprensión”, como se decía en la época. La revalorización de los testimonios, del recuerdo y de la constancia de las víctimas, a través de sus memorias o biografías, es necesaria, pero está marcada por el paso del tiempo y la reelaboración del recuerdo. Supervivientes y maestros de la literatura concentracionaria, como Primo Levi o Jorge Semprún, han insistido en que la memoria es necesaria, pero no sirve para entrar de nuevo allí. El problema español, una vez más, es que las víctimas siguen estando oficial y jurídicamente allí.

Gutmaro Gómez Bravo es historiador español y profesor del Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

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