¿Quién paga los museos?

Desde hace más de tres décadas los museos dedican parte de sus esfuerzos y espacios a las tiendas y los restaurantes, sitios a los que el público puede ir sin tener que molestarse en pasar siquiera por las salas; la cafetería ha dejado de ser el reposo del guerrero y la tienda el rinconcito donde se vendían catálogos. Siguiendo las estrategias de los museos norteamericanos, todas las instituciones tienen ahora una oferta gastronómica y de consumo variada, chic y con un plus: comprar una joya en el extraordinario Museo del Oro de Bogotá nos hace sentir algo menos culpables al llevarnos a casa un trocito de arte.

Aunque esas maneras de sacar dinero extra no son las más rentables, ni mucho menos. Además de la lucha despiadada por el número de visitantes, hay estratagemas más drásticas para llegar a fin de mes. Alquilar espacios para eventos corporativos, cerrar museos públicos para una boda privada, ceder colecciones a cambio de cifras de vértigo que pagan las obras de ampliación… son algunos métodos para hacer a las instituciones sostenibles. La cultura ha dejado de ser un bien para convertirse en un producto al cual se exige rentabilidad.

En todo caso, no crean que soy una de esos activistas setenteros que se lamenta. Claro que me da pena que el viejo modelo europeo de financiación pública se haya desmantelado, pero tampoco me hace gracia tener que morirme y aquí me tienen. Además, con frecuencia o se hace con dinero privado o no se hace. Si años atrás nos hubieran dicho que una marca de moda de lujo se iba a hacer cargo de la restauración del Coliseo romano a cambio de los derechos de la explotación de la imagen —como se dijo—, habríamos pensado que era ciencia-ficción. La realidad es que ahora museos y monumentos no funcionan sin ese dinero privado-corporativo o particular.

No obstante, algo ha ocurrido en Reino Unido que podría hacer pensar cómo no siempre las cosas son tan color de rosa. Se ha abierto, parecería, una investigación en algunos museos ingleses sobre cuestiones éticas a propósito de la presunta influencia de uno de sus patrocinadores en la toma última de decisiones importantes de las instituciones y sobre un código de valores discordante. Me pregunto si será la primera de otras preguntas para evitar que la cultura pueda convertirse en un medio legal de “limpiar” una mala gestión del medio ambiente, la doble moral de ciertas empresas, la explotación en el trabajo, cuestiones offshore ahora tan de moda…, por poner algunos entre tantos ejemplos. ¿Debe la cultura pedir credenciales al dinero? Dicho de otro modo: ¿tendría que ser importante saber muy bien —y seleccionar— quién paga los museos, igual que cuando se acepta la donación de una obra se comprueba rigurosamente su autenticidad?