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La RAE salda una deuda de ley de tres siglos

La Academia presenta el ‘Diccionario del Español Jurídico’, una obra con 30.000 términos prevista desde su fundación en 1713

Ilustración de Fernando Vicente.
Ilustración de Fernando Vicente.

El español jurídico, pese a lo complicado que resulta para el ciudadano no versado en leyes, es, de largo, el lenguaje técnico que más influencia tiene en el idioma común. En el Diccionario de la Real Academia Española, casi una décima parte de las entradas y acepciones llevan la marca Der., de Derecho. Sin embargo, la corporación mantenía desde su fundación en 1713 una deuda con el lenguaje legal. El miércoles, ese compromiso de tres siglos quedó saldado con la presentación del Diccionario del Español Jurídico (DEJ), en el que, por primera vez, se emplean criterios lexicógráficos a más de 30.000 términos de todas las ramas de esta ciencia, a la vez técnica y humanística.

En la obra, dirigida por el secretario de la RAE y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Santiago Muñoz Machado, han participado 150 juristas punteros, procedentes tanto de la universidad como de la judicatura —entre los colaboradores abundan los letrados del Tribunal Supremo—. En tiempo récord, desde noviembre de 2014, cuando la RAE firmó un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para mejorar la calidad literaria y expositiva de autos y sentencias, han puesto en pie un monumental compendio léxico.
Pese a la frialdad y neutralidad que se supone a un diccionario, y más si es de Derecho, el DEJ, conserva la emoción de una enorme obra colectiva. “Algunos académicos que no son del oficio me dicen que lo están leyendo hoja a hoja y están encontrando en él una gran cantidad de inspiraciones. Algunos hasta me han dicho que se están divirtiendo muchísimo con su lectura”, se sorprende solo a medias Muñoz Machado.

La obra no está concebida para un lector concreto, sino como una herramienta para reforzar el estado de Derecho por la vía de contribuir a la claridad de las normas y las resoluciones. “Hemos pensado en los ciudadanos en general, que el lenguaje jurídico sea claro o no depende el Estado de Derecho”, afirma el director del Diccionario del Español Jurídico. Aunque Muñoz Machado es consciente de que no habrá un ejemplar de su obra en cada hogar, sí considera que “todos los juristas, y también los periodistas”, deberían disponer de este.

En la presentación, el miércoles, en la sede de la Academia, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, profundizó en esta idea: “El léxico jurídico debe ser lo suficientemente inteligible para permitir que el ciudadano comprenda las razones por las que ha sido excluido de un concurso u oposición, los conceptos de su declaración de la renta o lo que significan las cláusulas de su contrato de alquiler o hipoteca”, dijo.

Vocación panhispánica

Los hablantes españoles apenas representan un 9% del total de hablantes de la segunda lengua más extendida del mundo. La vocación panhispánica de la Academia tendrá también su reflejo en diccionario jurídico, que acogerá las voces del ámbito legal de América Latina probablemente el año que viene por estas mismas fechas, según los cálculos de Muñoz Machado. El futuro Diccionario Jurídico Panhispánico será la base sobre la que se pondrá en marcha la edición digital. Hasta entonces, la consulta solo se podrá hacer en papel.

En la última Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Asunción (Paraguay) este mismo mes, se acordó la supresión de locuciones latinas en los autos y sentencias. Muñoz Machado ve “exagerada” esa “agresividad” contra los latinismos, de los que hay una buena muestra en el Diccionario del Español Jurídico. “Las locuciones y aforismos latinos son compendios de ciencia jurídica que permiten a un juez o jurista explicar en cuatro o cinco palabras lo que le llevaría varios folios de otra forma. Suelen contener principios que están por encima de las normas y que sirven para interpretar leyes. El Derecho siempre ha usado el latín y no tiene que dejar de hacerlo, lo que hay que eliminar son las erudiciones vanas”.

Auto. Resolución judicial motivada y estructurada con la debida separación de hechos, fundamentos y parte dispositiva que decide los recursos interpuestos contra providencias o decretos, las cuestiones incidentales, los presupuestos procesales, la nulidad de procedimiento así como los demás casos previstos en la ley.

Acta. Documento donde se consigna por escrito el resultado de las deliberaciones y acuerdos de cualquier otro órgano colegiado. Se redacta por el secretario y se expide con su firma y la del presidente.

Liticonsorcio. Pluralidad de partes que intervienen en el proceso desde su inicio como actores o demandados para ejercitar o serles reclamada una pretensión que les afecte directa o indirectamente.

Aforado. Persona con un fuero judicial especial, por razón del cargo que desempeña, que consiste en que la competencia para juzgar sus actos o hechos que den lugar a un proceso penal corresponde a un órgano jurisdiccional superior al que la ostenta ordinariamente.

Marco penal abstracto. Pena que el legislador establece, con carácter general, para el autor de un delito consumado, expresada en una duración temporal entre un límite mínimo y un límite máximo.

Derecho aeronáutico. Conjunto de principios y reglas relativos a la utilización del espacio aéreo por las aeronaves, y las relaciones jurídicas que esa utilización determina. Tiene carácter público y privado, nacional e internacional. También se denomina derecho aéreo.

Transmisión de acciones no liberadas. Transmisión que hace responsable solidario al adquirente, con los transmitentes que le precedan, del pago de la parte no desembolsada durante tres años desde la fecha de la transmisión.