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OPINIÓN
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Minutaje

El TD 1 de este lunes le dedicó al caso de los titiriteros detenidos en Madrid 5 minutos y 23 segundos y tan solo 58 segundos al caso Nóos y 57 a la Operación Taula

Ángel S. Harguindey
Raúl García Pérez, miembro detenido de la compañía de títeres Títeres desde abajo
Raúl García Pérez, miembro detenido de la compañía de títeres Títeres desde abajo

Hay números que esconden un planteamiento ideológico: “Desde el Consejo de Informativos de TVE queremos denunciar el profundo desequilibrio de tiempos y contenidos en el tratamiento dado en el TD 1 de este lunes al caso de los titiriteros detenidos en Madrid”, comenzaba una nota distribuida por el correo electrónico interno, el iNews, que informaba del minutaje: 5 minutos y 23 segundos para el caso de las marionetas; 58 segundos al caso Nóos; 57 segundos a la Operación Taula, y 1 minuto a la caída de la Bolsa. Es lo que el sociólogo Ignacio Fernández de Castro llamó “la demagogia de los hechos”.

En esos 5 minutos y 23 segundos se incluían unas declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, pidiendo la dimisión de la concejala de Cultura, declaraciones que se fueron repitiendo con matices a lo largo de los días y en las que el ministro se mostraba muy preocupado porque se les había pagado a los cómicos con dinero público. Hay que señalar que cobraban 1.000 euros por dos representaciones de la inapropiada y disparatada obra, nada que ver con los 750.000 euros de dinero público que en 2011 cobró Catalá en compañía de su socio, el hoy procesado Diego Torres (caso Nóos), por la venta de un curso de formación de directivos a una empresa pública, ISDEFE, dependiente del ministerio de Defensa. El afamado socio del hoy ministro había sido imputado por sus presuntas tropelías seis meses antes, como informó La Sexta en octubre de 2014.

Por su parte, Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, manifestó en Más vale tarde (martes) su desacuerdo con la decisión judicial de encarcelar sin fianza a los dos titiriteros, con el erróneo argumento de una posible reiteración del delito, ya que, en su opinión, para volverlo a representar en la vía pública se exige una licencia municipal, añadiendo que sorprende, en cambio, que se deje en libertad a quienes están acusados de blanquear dinero (caso del Ayuntamiento de Valencia), cuando pueden seguir haciéndolo tranquilamente. Por último, el juez ha decretado la puesta en libertad de los encarcelados a petición de la fiscalía la cual consideró que “se reduce la posibilidad de volver a cometer el supuesto delito”.

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