Las nuevas ayudas dan prioridad a las películas con apoyo televisivo

Ya está la letra pequeña de la nueva Ley del Cine. Y se sabe cómo se asignarán a partir de ahora las ayudas públicas a las películas. La publicación, muy esperada por el sector, ayer de las dos órdenes ministeriales que detallan la aplicación de la normativa despeja las dudas: de un sistema de subvenciones a posteriori, basadas sobre todo en la taquilla, se pasa a uno a priori, centrado en la trayectoria de éxito anterior del productor y en las garantías que ofrezca el proyecto (contrato con una distribuidora, ventas internacionales, acuerdo con una televisión).

El nuevo modelo entra en vigor el 1 de enero y busca acabar con la incertidumbre tradicional de los productores de cine, obligados hasta ahora a pedir préstamos y pagar intereses para un rodaje sin saber si, dos años después, cobrarían ayudas públicas. De paso, el Ministerio de Cultura espera acabar también con el llamado fraude del taquillazo: unas 40 películas investigadas entre 2012 y 2014 porque supuestamente los exhibidores falseaban los datos de asistencia y los productores adquirían entradas de sus propios filmes, todo con tal de llegar a los 60.000 espectadores requeridos como límite mínimo para recibir ayudas públicas.

Las dos órdenes están firmadas por el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, y fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado: una detalla los criterios y modalidades de concesión de las ayudas y la otra enumera lo que se puede y no se puede considerar coste de la película.

La primera orden fija dos marcos de subvenciones. Ambas se irán concediendo ya desde el comienzo de la producción del proyecto. El principal marco, “ayudas generales”, se refiere al grueso de los fondos. Podrán aspirar a ellos las películas producidas en España que tengan un coste mínimo de 1,3 millones de euros, al menos el 35% del presupuesto ya garantizado y que se estrenen en 20 salas como mínimo. La orden relata también que las ayudas podrán ser convocadas entre una y tres veces a lo largo del año, y los filmes podrán seguir compitiendo en cada una de las convocatorias, aunque la subvención máxima nunca podrá superar 1,4 millones de euros.

Especial valor

El segundo apartado, “ayudas selectivas”, es para filmes “con un especial valor cinematográfico, cultural o social, de carácter documental o que incorporen a nuevos realizadores”. Su coste máximo no podrá superar 1,8 millones y tendrán que demostrar contar ya con garantías sobre al menos el 10% del presupuesto. Cualquier película que aspire a fondos públicos, eso sí, deberá acreditar su “carácter cultural”; es decir, que cumpla con al menos dos requisitos como estar rodada en castellano u otras lenguas cooficiales del país, ambientada en España o relacionada con la realidad social española, entre otros.

La clave del nuevo modelo se halla en los anexos, hacia el final de las 36 páginas del documento. La orden establece un sistema de puntos con tres criterios principales para la ayuda general. Para cobrar el 100% de la subvención hay que alcanzar al menos 80 puntos. La “solvencia del beneficiario” (22 puntos) se refiere a la trayectoria del productor: taquilla, festivales y ventas internacionales de sus anteriores películas. La “viabilidad económica” (40) premia los proyectos que ya cuenten con acuerdos previos con distribuidora (cuanto más grande, mejor), agencia de ventas internacionales y televisión. Finalmente, el “impacto socioeconómico” (32) se centra en el gasto repercutido en España. También puntúan, aunque apenas influyen, criterios como una directora o guionista mujer, una película infantil o incorporar becarios. En el caso de las ayudas selectivas, se mantienen los criterios aunque se modifican exigencias y puntuaciones. Además, un director novel supone cinco puntos.

Reembolso

La normativa incluye un apartado sobre el reembolso de los fondos públicos, en el caso de que los ingresos generados tripliquen el coste de la película y el productor cuente con beneficios reales. La devolución de la ayuda aumenta en función de dicho beneficio: si este supera el 300% del importe de la subvención, tendrá que reembolsarse por completo.

La segunda orden, por la que se regula el reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor, pretende controlar más estrictamente lo que es el gasto. También se ha considerado necesario dotar de mayor transparencia a la acreditación del coste realizada mediante los informes especiales de auditoría, estableciendo expresamente la posibilidad de que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) pueda revisar dichos informes.

La directora del ICAA, Lorena González, se felicitó por el trabajo realizado para dejar unas normas de juego claras y agregó: “Cuando echen a rodar, evidentemente, habrá cosas que habrá que tocar y mejorar en el futuro, pero es que las normas deben ser siempre así, mejorables”.

Esta última orden, que entrará en vigor en marzo del 2016, incluye nuevos conceptos que podrán ser reconocidos como coste: por ejemplo, los intereses financieros derivados “de préstamos efectuados por personas físicas o jurídicas no vinculadas a la empresa productora, con determinadas condiciones o los gastos de traducción a cualquier lengua oficial española, e incluso a lenguas no oficiales, en supuestos justificados por razones de promoción”.