El ministro de Cultura calma el enfado por la ineficacia de la lucha contra la piratería

No hubo tensión, pero la reunión suponía el último aviso por parte de las entidades culturales que conforman La Coalición de Creadores: o el ministro pone freno a la piratería agilizando –“o al menos cumpliendo los plazos estipulados por la ley”, apuntaba un asistente a la reunión- el procedimiento administrativo de webs de contenidos ilegales o… Los puntos suspensivos se han quedado en el aire porque Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha prometido poner todo su empeño en esa lucha, en la reunión sostenida este miércoles en la sede ministerial.

El enfado viene de lejos. El Real Decreto –aprobado por el Partido Popular en el primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy- que desarrollaba la llamada ‘Ley Sinde’ no ha obtenido los frutos que se esperaban, alargándose hasta la extenuación los expedientes, con medias de 455 días desde la presentación de la denuncia hasta la resolución final del expediente administrativo en el ministerio. Ha habido todo tipo de excusas, apuntan fuentes de La Coalición, incluido que desde el Ministerio les advirtieron de que no tenía suficientes líneas ADSL para cotejar la ilegalidad de los enlaces denunciados.

Hay 4.316 millones de accesos ilegales, 1.700 millones de euros de lucro cesante al año para el sector, 628 millones de euros que no ingresa el Estado, y 30.000 empleos perdidos.

Hace nueve meses, el 1 de enero de este año, entró en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Bastantes sectores de la industria cultural la saludaron con alborozo. Ahora el organismo de la Administración encargado de esta vigilancia, la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), podía no solo aceptar denuncias contra web piratas, sino también contra páginas de enlaces, que sirven como puente al internauta para encontrar esas webs piratas. Es más puede multar con hasta 600.000 “a casos de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos ilegales”. Parecía la panacea.

Nueves meses después, de las 19 denuncias presentadas, 17 realizadas por La Coalición (que podrían afectar a casi 30.000 obras), solo se ha iniciado un expediente y dictado una resolución, la que cerró The Pirate Bay, una plataforma que ha vuelto a aflorar con otros nombres. Según el Ministerio, ha habido tres resoluciones definitivas más. El sector cultural, agrupado en La Coalición de Creadores –formada por varias entidades de gestión de derechos intelectuales, las grandes productoras de Hollywood, los productores de música, las empresas de video y DVD, las empresas de videojuegos y la Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes- avisó en julio al nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo: la cosa tenía que cambiar. Según sus cifras hay 4.316 millones de accesos ilegales, 1.700 millones de euros de lucro cesante al año para el sector, 628 millones de euros que no ingresa el Estado, y 30.000 empleos perdidos. “El propio Gobierno valora nuestra actividad en el 3,5% del PIB”, según Carlota Navarrete, directora de la Coalición. El Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales afirma que en 2014 el 87,94% de todos los contenidos digitales consumidos en España eran piratas.

Así que esta mañana, ocho miembros de las diez asociaciones que conforman La Coalición han ido a reunirse con el ministro esperando más que palabras bonitas a la sede ministerial. Al lado de Méndez de Vigo ha estado el secretario de Cultura, José María Lassalle, y enfrente han estado Estela Artacho, presidenta de FEDICINE (los distribuidores de cine); Luis Mendo, de AIE (músicos); Pedro de Andrés, vicepresidente de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos); Enrique Cerezo, presidente de EGEDA (derechos intelectuales de los productores audiovisuales); Sergio Arranz, presidente de FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual); José Luis Acosta, presidente de SGAE; Antonio Guisasola, presidente de PROMUSICAE (productores de música), y José Manuel Tourné, presidente de UVE (Unión Videográfica Española).

A la salida del Ministerio, en la Plaza del Rey, algunos de los asistentes contaban sus impresiones. Para Tourné, al menos ya había un ministro de Cultura: “El anterior [José Ignacio Wert] parecía solo de educación, este al menos se muestra interesado por la cultura. Cuando estás sobreviviendo solo pides no morir. En el resto de Europa hay una implicación contra la piratería. En cambio, España ha caído en el ranking del mercado audiovisual por la desidia política”. A su lado Enrique Cerezo sí creía en Méndez de Vigo, que llegó al cargo el 25 de junio. “Le queda hasta el 20 de diciembre, tiempo suficiente para hacer cosas. He notado un cambio de actitud en el Ministerio. Y le creo”. Guisasola ha descrito sus peticiones: “Hemos requerido acciones y él nos ha dado buenas palabras, que cree en esto y que se va a implicar directamente. Llevamos cuatro años con paciencia, y aunque es cierto que el PP ha sido el único partido que con legislaciones ha apoyado nuestra campaña, la legislatura ha pasado sin más. Esta vez parece la buena”. Acosta incidió en que “la esperanza nunca se pierde y que a las palabras les deben de acompañar hechos”. “Esperamos acercarnos a la media europea de eficacia contra la piratería. Y que se haga lo mismo en el mundo digital que en el analógico: perseguir a los ladrones”, remató el presidente de la SGAE.

Desde el ministerio, en un comunicado, aseguran: “Además de remarcar los tres cambios legislativos que refuerzan la lucha contra la piratería en Internet –Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Propiedad Intelectual y Código Penal-, Méndez de Vigo ha señalado que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual está dando resultados en la lucha contra la piratería, si bien se trata de una lacra que entre todos debemos tratar de erradicar”. Pero también es cierto, que hoy por hoy, no hay más que navegar por Internet para ver lo fácil que es descargarse contenidos piratas. Y ante algún consejo ministerial, como que las asociaciones recurran también a los tribunales, la respuesta de la Coalición es recordar que un proceso penal se resuelve a los siete años, y uno civil, en de tres a cinco. “Para eso se creó la vía administrativa. En el resto de Europa va rápido, en Italia se puede bloquear una web en 15 días. En España solo ha ocurrido una vez”. ¿Podrá Méndez de Vigo resolver en cuatro meses una lucha que se inició –al menos las primeras reuniones entre el Gobierno y la industria cultural- en 2010?