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García Lorca: fue un crimen político

Los historiadores y la familia del poeta destacan la trascendencia del informe policial porque reconoce la responsabilidad de las autoridades en la muerte

Federico García Lorca, retratado en la plazoleta de los Olmos en Toledo en febrero de 1933

El crimen de Federico García Lorca pesó sobre la dictadura durante sus cuatro décadas, pero el régimen nunca reconoció oficialmente que hubiese tenido alguna responsabilidad en el fusilamiento del poeta. La trascendencia del informe policial y las cartas ministeriales difundidas por la Cadena SER reside en el hecho de documentar oficialmente la implicación de las autoridades rebeldes en la detención y muerte del poeta, según Ian Gibson, biógrafo y autor de numerosos libros sobre el autor de Bodas de sangre. “No quiere decir que no hubiera otros, pero no han salido a la luz, este es el primer documento oficial. Da idea además del problema que representa la muerte de Lorca para el régimen desde el mismo momento en que se produce. Si el informe policial se llega a publicar pondría en evidencia que lo que habían afirmado hasta entonces es falso”, explica Gibson.

Laura García Lorca, sobrina del autor de Poeta en Nueva York, fue incluso más contundente: “Desde el punto de vista histórico es importante que exista un documento interno del régimen de Franco reconociendo que fue un crimen político”. La difusión de la documentación interna de la dictadura sobre el crimen de Víznar entierra definitivamente versiones “peregrinas” que circularon sobre el fusilamiento como que obedecía a “rencillas familiares” o “pasiones homosexuales”. “La policía reconoce lo que ya sabíamos: que fue un crimen político motivado porque le consideraban, y por ese orden, socialista, amigo de Fernando de los Ríos, masón y homosexual”.

El relato mecanografiado el 9 de julio de 1965 en Granada por un policía que no se identifica no deja dudas sobre la responsabilidad política de las fuerzas sublevadas en la detención y asesinato del poeta en 1936: “En el cuartel de Falange, instalado en la calle San Jerónimo, se hallaban el jefe de bandera don Miguel Rosales Camacho cuando en él se presentaron el diputado obrerista por la CEDA, don Ramón Ruiz Alonso, don Juan Trescastro, don Federico Martín Lagos y algún otro que no ha podido precisarse, con una orden de detención dimanante del Gobierno Civil contra FEDERICO GARCÍA LORCA”.

El mismo documento relata que fuerzas dependientes del Gobierno Civil sacan al poeta del calabozo y lo conducen a Víznar, donde es “pasado por las armas” tras “confesar”. Gibson pone el acento sobre esto: “El informe que piden es contundente. Demuestra que no fue un asesinato callejero, que fue sacado del Gobierno Civil para asesinarlo. Ellos mismos lo dicen”, señala.

Pero el régimen, que había solicitado en 1965 el informe para atender la petición de la hispanista francesa Marcelle Auclair, que preparaba una biografía sobre Lorca, decide ocultar el resultado de la investigación, tal y como se deduce del intercambio de cartas entre los ministros de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, y Asuntos Exteriores, Fernando Castiella. “Lo que más me gusta es cuando Camilo Alonso Vega le dice a Castiella que ‘peor es menearlo”, agrega Gibson, que sin embargo le resta importancia a otros detalles del informe policial, como las referencias al lugar donde muere o de las personas que le acompañan. Un aspecto cuestionado también por los historiadores que trabajan en la excavación de la fosa de García Lorca.

“Públicamente, hasta dónde yo conozco, nunca aceptaron que la muerte de Lorca procediera de una orden desde arriba. Siempre aludían a escaramuzas incontroladas, tiñéndolo de brumas. Es una estrategia típica de la propaganda: crear la sombra de la duda, decir que cabía la posibilidad de que fuese una venganza o incluso una cuestión pasional relacionada con su homosexualidad”, señala José Luis Ledesma, profesor de Historia contemporánea de la Universidad Complutense y autor de varios libros sobre la violencia durante la Guerra Civil en la retaguardia, como fue el caso de García Lorca. Ledesma resalta que se trata de un “documento privado, no destinado a ser público, y por tanto no determinado por su posible trascendencia pública o por intereses de propaganda, donde se reconoce abiertamente lo que ya intuíamos y en buena medida sabíamos: que la orden de detención de Lorca vino desde arriba”.

El único documento oficial que existía hasta ahora era la partida de defunción del poeta, datada en 1940 y extraída clandestinamente de España en un calcetín por el investigador Agustín Penón en los años sesenta, según recuerda Fernando Valverde, profesor de Literatura en la Universidad de Georgia, que ha escrito numerosos artículos sobre la muerte del poeta. “Penón nunca llegó a publicar nada, pero dejó una maleta llena de documentos de la que luego tirarían otros investigadores”, recuerda Valverde.

La partida ayudó a desmontar la versión que corría por Granada sobre la muerte del intelectual que llevó el teatro a pueblos perdidos con La Barraca. “La partida recogía el eufemismo que se usaba entonces de que había muerto ‘por heridas en actos de guerra’, pero al menos dejó de decirse que había sido un ajuste de cuentas”, señala.