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La dictadura ocultó el informe que la implicaba en el crimen de Lorca

El documento, al que ha tenido acceso la cadena SER, fue redactado por la policía franquista 29 años después del crimen

 ATLAS

El poeta granadino Federico García Lorca fue asesinado junto con otras persona, tras "haber confesado", según un informe redactado por la policía franquista 29 años después del crimen, al que ha tenido acceso la cadena SER. El documento no especifica cuál fue el contenido de esta supuesta confesión. El informe, fechado en Granada el 9 de julio de 1965, define al escritor como “socialista” y “masón perteneciente a la logia Alhambra”, y le atribuye “prácticas de homosexualismo y aberración”.

El documento relata la detención del poeta granadino en casa de sus amigos, los hermanos Rosales. Lorca se encontraba allí debido al miedo que le habían provocado dos registros policiales en su propia casa, según el informe. Los agentes rodearon la vivienda y las calles cercanas, antes de llevar a cabo la detención. Y los amigos del poeta, según el documento publicado por la SER, intentaron interceder por él ante el comandante de Intervenciones Militares.

La propia policía reconoce, 29 años después, que el relato sobre la muerte de Lorca es bastante confuso. Tras ser detenido, fue llevado en coche a las "inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande", junto con otro detenido del que no se añaden más datos. El poeta fue "pasado por las armas después de haber confesado, siendo enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco" a unos dos kilómetros a la derecha de la Fuente Grande. El lugar, reconoce el informe, es "muy difícil de localizar".

Federico García Lorca, en la plaza de los Olmos en los años treinta.

El informe fue redactado por la 3ª brigada regional de investigación social de la Jefatura Superior de la Policía de Granada a raíz de una petición oficial realizada en junio de 1965 por la hispanista francesa Marcelle Auclair, a la caza de más información sobre su amigo García Lorca, según la cadena SER. La actuación de la estudiosa desencadenó un efecto dominó entre las autoridades españolas: primero, Auclair se dirigió a la Embajada española en París, que remitió todo al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella.

A su vez Castiella envió una carta al ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, en la que se mostraba a favor de responder a la petición de la escritora. Castiella también señalaba en su misiva que el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, ya había sido informado de los hechos. “Creo sumamente conveniente el revisar la cuestión y averiguar si podemos o no abrir nuestros archivos sobre el episodio García Lorca”, había afirmado Fraga, según recoge Castiella en su carta.

Así, se acabó encargando el informe a la Jefatura Superior de Policía de Granada. Concretamente, fue la 3ª brigada regional de investigación social la que se encargó de redactarlo. Eso sí, Auclair nunca recibió ninguna respuesta ni tampoco llegó a ver el resultado de su petición, siempre según la cadena SER.

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