Un lugar para Cataluña

Rara vez coincide en el tiempo la publicación de una serie de libros tan estimulantes en sus planeamientos, tan documentados en sus análisis y tan oportunos en sus propuestas que son ya imprescindibles para establecer el marco histórico, el proceso político y las iniciativas jurídico-constitucionales de un necesario debate, acuciado como siempre por Cataluña, sobre el inmediato futuro del Estado español; un debate difícil, complejo, que los partidos políticos se muestran incapaces de abordar, aunque de él dependa la posibilidad de proceder a una reforma constitucional, condición sin la que será imposible salir de la situación a la que hemos llegado, como resultado del agotamiento del pacto constituyente de 1978.

Para comenzar por el principio: Molinero e Ysàs, excelentes conocedores de la vida política catalana y española, han elaborado un minucioso relato de los últimos años de oposición catalana a la dictadura que culminan, tras el rechazo del "régimen especial" ideado por el Gobierno de Arias-Fraga, con el restablecimiento de la Generalitat año y pico antes de que se promulgara la Constitución. Que el honorable Tarradellas ya estuviera allí cuando comenzaban los trabajos constituyentes tuvo algo que ver con la muy activa implicación, con propuestas originales y en largos debates sobre autonomía y autodeterminación, nación y nacionalidad, unidad y pluralidad, de un puñado de diputados catalanes —nacionalistas, comunistas, socialistas— a los que animaba una voluntad de pacto. Tomar nota de la pasión y la calidad de aquellos debates muestra bien la distancia que media entre un pasado en el que todo estaba por construir y un presente en el que nos hemos aplicado a destruir casi todo.

Que el Estado autonómico posee
los elementos fundamentales de los Estados federales europeos es el axioma del que parte Eliseo Aja

Voluntad de pacto que en 1978 no se manifestaba por vez primera en España, como bien sabe Roberto Blanco Valdés, que para responder a la pregunta que abre su laberinto —¿cómo hemos llegado a esto?— se remonta a "la imposible República" de 1873 y se detiene en el Estado ni unitario ni federal, sino integral, de la segunda República, capaz de integrar, o eso esperaban los constituyentes de 1931, las diferentes demandas de autonomía llegadas de las regiones, claro antecedente de la Constitución de 1978 que ha terminado por alumbrar el "sistema federal español". ¿Federal? No en la intención de sus fundadores, pero sí desde el momento en que el proceso de descentralización política y administrativa discurrió hacia una creciente homogeneización de competencias. Y es ese Estado o sistema federal el que se ha visto sometido al doble desafío nacionalista liderado por el lehendakari Ibarretxe y su plan y por el president Mas y su proceso. Frente a la deslealtad a la Constitución de los que esos desafíos son prueba y resultado, Blanco Valdés defiende, en tono militante pero no por eso menos riguroso, la vigencia de un Estado que durante 35 años ha sabido reconocer la pluralidad existente en España en los ámbitos lingüísticos, cultural, educativo y simbólico.

Que el Estado autonómico posee los elementos fundamentales de los Estados federales europeos es el axioma del que parte Eliseo Aja en la nueva y muy oportuna edición de su ya clásico Estado autonómico, para enseguida señalar las diferencias estructurales —lenguas, derecho civil, régimen fiscal— que caracterizan el caso español. Dando por "ineludible" la igualación competencial culminada en 1992 con el pacto entre el Gobierno socialista y la oposición popular, la reforma propuesta con todo detalle para remediar los defectos, ambigüedades y disfunciones acumulados durante estos años será la que culmine en sentido federal el camino emprendido desde que Andalucía tomó la vía rápida para alcanzar la plena autonomía. Más allá de un cambio de nombre para designar la misma cosa, la reforma implicaría el reconocimiento de las Comunidades Autónomas ahora existentes, un reparto de competencias claro y concreto, la inclusión en la Constitución de las principales reglas de financiación autonómica, la articulación de las relaciones intergubernamentales potenciando las conferencias y los programas comunes, la consideración de los estatutos como normas aprobadas definitivamente por los Parlamentos autónomos, la conversión del Senado en órgano de tipo federal y, para hacer posible todo esto, un concepto de nación en el que quepa la complejidad de España.

¿Qué podríamos inventar que
no haya sido probado ya en
siglo y medio de pleito de Cataluña?

No le falta razón, sin embargo, a Santiago Muñoz Machado cuando, tras remontarse hasta la Guerra de Sucesión, extender la mirada a Escocia y mostrar su acuerdo con la necesidad de una reforma en sentido federal, advierte que no sería suficiente para resolver el problema de fondo al que se enfrenta hoy el estado de las autonomías: encontrar el lugar de Cataluña en las demás Españas, un lugar para el que se inventó y aplicó el célebre principio dispositivo dos veces en el pasado siglo: en 1931, con la Constitución de la República, y en 1978, con la vigente Constitución Española. Dos veces encontrado, dos veces desertado por los mismos para los que se había construido, ¿qué podríamos inventar que no haya sido probado ya en siglo y medio de pleito de Cataluña?

Molinero e Ysàs terminaban su recorrido afirmando que sin un gran acuerdo que parta de la aceptación plena de la "realidad plurinacional española" no habrá nada que hacer. Si tal es la clave sobre la que edificar un nuevo pacto, habrá que rebobinar la historia, al menos desde 2006, para intentarlo de nuevo. Y eso es, dicho con otras palabras, lo que propone Muñoz Machado en un poderoso ejercicio de imaginación constituyente al abogar por una reforma pactada y simultánea del Estatuto de Cataluña y de la Constitución española. Pactando las dos reformas, los catalanes votarían su nuevo Estatuto, que al modo de una constitución no podría ser recurrido ante ninguna otra instancia, y el conjunto de los españoles votaría la reformada Constitución española que incorporaría expresamente el Estatuto en el que los catalanes vieran reconocida su realidad como nación. Y ese sería el lugar de Cataluña en las demás Españas.

La cuestión catalana. Cataluña en la transición española. Carme Molinero y Pere Ysàs. Crítica. Barcelona, 2014. 374 páginas. 21, 90 euros (digital: 12,99).

El laberinto territorial español. Del cantón de Cartagena al secesionismo catalán. Roberto L. Blanco Valdés. Alianza. Madrid, 2014. 472 páginas. 19,50 euros (digital: 14,99).

Estado autonómico y reforma federal. Eliseo Aja. Alianza. Madrid, 2014. 405 páginas. 24 euros (digital: 15,98).

Cataluña y las demás Españas. Santiago Muñoz Machado. Crítica. Barcelona, 2014. 301 páginas. 21,90 euros (digital: 12,99).