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Competencia multa con 3,1 millones a la SGAE por las tarifas de los conciertos

El organismo considera abusiva la tasa del 10% que la entidad cobra sobre la taquilla

Asistentes a un concierto del FIB en Benicàssim.
Asistentes a un concierto del FIB en Benicàssim.Ángel Sánchez

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado por 3,1 millones de euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por establecer condiciones abusivas a los promotores musicales. En concreto, la sanción castiga la tarifa del 10% sobre la taquilla de los conciertos que la entidad cobra por la utilización de su repertorio.

El dictamen establece un plazo de tres meses para que la SGAE modifique su conducta y la insta a evitar en el futuro "prácticas como las sancionadas u otra análogas que puedan obstaculizar la competencia". La entidad ya ha anunciado que recurrirá la decisión, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, porque considera que es "inconstitucional y carece de justificación jurídica".

"Pueden recurrir lo que quieran, pero Competencia ha dejado claro que ha habido un abuso de poder. Eso ya está. Por fin conseguimos poner a la SGAE en su sitio, llevamos muchos años peleando con ellos", asegura Pascual Egea, presidente de APM. La primera denuncia, en efecto, llegó en 2005, pero fue sobreseída por el Servicio de Defensa de la Competencia. La decisión fue ratificada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y APM recurrió ante la Audiencia Nacional.

Cómo funciona la tarifa para los conciertos

El presidente de APM, Pascual Egea, detalla cómo se desarrolla la relación entre los promotores y la SGAE: ante todo, hay que solicitar una licencia a la entidad para organizar el concierto. A continuación, hay que pagar por adelantado el 100% del cobro eventual por la taquilla: es decir, el 10% de los ingresos que se alcanzarían en el caso de completar el aforo. Para los promotores más conocidos, APM ha conseguido sustituir el pago por adelantado por la confianza.

Sea como fuere, una vez terminado el concierto el organizador entrega a la SGAE un documento con el resultado de la taquilla y la entidad devuelve el dinero que haya cobrado demás.

Esta, en 2010, dio la razón a APM, y lo mismo hizo más tarde el Supremo. Por tanto, la CNMC abrió un expediente contra la SGAE en 2013, cuyo resultado ha llegado hoy. Egea aprovecha para comparar la gestión de la SGAE de hace años con la Santa Inquisición —"o respetabas sus tarifas o te amenazaban con cancelarte el concierto"—, aunque subraya como la entidad haya recientemente suavizado su postura. De hecho, el presidente de APM espera poderse sentar a negociar unas nuevas tarifas, "más coherentes con nuestro entorno europeo": en Inglaterra alcanza por ejemplo el 3% y en Alemania entre el 5 y el 7%, según Egea. "Un artista inglés por el que en su país se cobra el 3% viene a España y tenemos que pagar el 10%", añade el presidente de APM.

¿Si las tarifas bajaran pasaría lo mismo también con los precios de los conciertos? El presidente de APM contesta ampliando el discurso también a una rebaja del IVA cultural y subrayando las ventajas que conllevaría para el público y para que más artistas internacionales acudan a España. Finalmente, Egea defiende que si las tarifas bajaran, por ejemplo, al 3-4% "sí se repercutiría en el precio de la entrada".

En cuanto a la SGAE, de momento se ha limitado a señalar en un comunicado su "total desacuerdo" con el dictamen de Competencia. Contactada por este periódico, la entidad no ha querido ofrecer más detalles ni aclarar si piensa negociar las tarifas a la baja con APM: simplemente ha remitido al documento. 

Allí, la SGAE subraya que la decisión no fue tomada por unanimidad de la comisión y cita el voto de uno de los miembros y su convicción de que "las actuaciones llevadas a cabo por la CNMC en este expediente deben ser declaradas nulas, al carecer su Consejo de facultades resolutorias o de supervisión". La entidad defiende que sus tarifas sí se ajustan a la media europea.

Sea como fuere, lo cierto es que las quejas sobre las tarifas de la SGAE, así como de las otras entidades de gestión, son un caballo de batalla histórico de radios, televisiones, hoteles, bares y demás usuarios de los derechos de autor. De hecho, la Ley de Propiedad Intelectual que entrará en vigor en enero establece una rebaja de los precios.

En las promotoras de conciertos la decisión se considera acertada. Las más grandes, como Live Nation, lo expresan abiertamente. “Yo creo que es una noticia superpositiva, incluso para los autores", asegura Roberto Grima, director de la sección española del gigante estadounidense. "Aunque a nivel de competitividad tenemos un problema más gordo, el IVA. Aquí lo que te están diciendo es que es casi un monopolio. Que te obligan a pagarlo y a hacerlo con la SGAE, cuando habría gente que preferiría pagarlo con una empresa de Inglaterra. O directamente cobrarlo ellos, porque son artistas y promotores. En el fondo está cambiando la industria a nivel de derechos, como lo ha hecho a nivel discográfico. Y eso es bueno”.

 Los pequeños preferían expresar en privado la satisfacción que les provocaba la posibilidad de dejar de pagar un 10% de cada una de las entradas vendidas. Entre otras cosas porque algunos de ellos aseguraban que en realidad no cotizaban, confiando en pasar desapercibidos debajo del radar de la SGAE en una especie de juego del gato y el ratón. “En general solo se preocupan de los grandes conciertos, que son los que les generan beneficios. Un concierto de 90 personas en un bar de barrio a 10 euros la entrada, significa para ellos menos de 100 euros. Si no lo declaras de parte, litigar les significa demasiado esfuerzo para lo que van a recaudar”, decía un consultado. “Yo no lo he pagado nunca, pero alguna vez se me han echado encima. Me vinieron reclamando una cantidad por unos cuantos directos que había organizado hacía un año, pero les maree durante un tiempo y al final se cansaron”, aseguraba un segundo.

De hecho entre los que aseguran que sí cotizan, hay quien ni siquiera esta seguro. “Creo que en nuestro caso se encargan las salas, pero no podría afirmarlo al 100%. De todas formas estamos hablando de un reparto de miserias”, concluyen desde una promotora madrileña.

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