La farfolla del Patrimonio Cultural

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el anteproyecto de ley de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial que, en palabras del titular de Cultura, pretende ‘tutelar el conjunto de las artes del espectáculo, las tradiciones orales, las fiestas o las artesanías especiales que no tienen soporte material y son factores de diversidad cultural’. Y aclaró el ministro Wert que la norma no incluye a la tauromaquia porque esta ya cuenta con su régimen propio en la ley aprobada por el Parlamento el pasado 12 de noviembre.

La verdad es que cada vez que el Gobierno habla sobre los toros complica el asunto una barbaridad, y toma fuerza la idea de que la tauromaquia es una patata caliente que cayó en sus manos por azares del destino (la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de medio millón de firmas) y no encuentra la manera de quitársela de encima.

De entrada, esa ILP pretendía convertir la fiesta de los toros en Bien de Interés Cultural y que los festejos volvieran a Cataluña, y todo quedó en una ley que declara, de manera tan pomposa como teórica, la fiesta como patrimonio cultural; es decir, el Parlamento, con la mayoría absoluta del Partido Popular, se limitó a ofrecer un reconocimiento moral a la tauromaquia, pero vacío de contenido. Fue aquella una brillante jugada de ingeniería político-parlamentaria para salir del paso y engatusar de algún modo al sector.

Pero héte aquí que esa ley destacaba en su preámbulo que ‘la Tauromaquia conforma un incuestionable patrimonio cultural inmaterial español’. Así, pues, cómo se explica que quede fuera de la nueva norma que, precisamente, pretende salvaguardar ese patrimonio. Argumenta el ministro que la ley de noviembre ya protege la fiesta, pero olvida que, por ejemplo, aún no se sabe nada del ‘impulso de los trámites necesarios para la solicitud de la inclusión de la tauromaquia en la lista representativa del Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad’, que mandata al Gobierno en su artículo 5, y se supone que ‘las reformas normativas necesarias para recoger, dentro de la legislación española, el mandato y objetivos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO’, que indica la Disposición final primera, alguna relación tendrá con el nuevo anteproyecto del que se aparta a la tauromaquia.

¡Menudo embrollo! Ciertamente, todo lo relativo al llamado Patrimonio Cultural Inmaterial está inmerso en un limbo indeterminado de extraña definición. Patrimonio cultural es la literatura o la danza, pero también lo es el silbo gomero, la cetrería, los patios cordobeses, el fado portugués o el teatro de sombras chino, entre múltiples expresiones reconocidas por la UNESCO.

Por todo ello, sorprende que el Gobierno haya decidido excluir la tauromaquia de la nueva ley tutelante. La tauromaquia es arte, es patrimonio cultural y puede y debe ser tutelada por todas las normas posibles que para ello se aprueben.

¿No será que el Gobierno prefiere no abrir una nueva polémica con los grupos antitaurinos y se inclina, una vez más, por abandonar y humillar a la maltrecha fiesta de los toros?

El propio Juan Manuel Albendea, diputado del PP y principal benefactor de los toros en el Parlamento, dice que no entiende lo ocurrido y que, aunque estima que el asunto carece de trascendencia, prefiere hablar cuando comente este asunto con el subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo.

Por cierto, ¿por qué Benzo es el responsable de los toros en el ministerio en lugar del secretario de estado de Cultura, José María Lasalle? Pues, -parece ser-, porque Lasalle está casado con Meritxell Batet, diputada socialista por Barcelona y declarada antitaurina. Dadas las circunstancias, el secretario de estado habría pedido que se le exima de la responsabilidad de los toros para no tener problemas en su casa.

La realidad, una vez más, supera a la ficción. Pero a lo que íbamos: lo del Patrimonio Cultural Inmaterial es una farfolla; mucha apariencia, pero poca entidad.