La complicidad de empresarios con la dictadura argentina

La Feria del Libro de Buenos Aires es un espacio para presentaciones de novedades y también de algunas obras publicadas el año anterior pero con persistente repercusión. Es el caso de Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, que en 2013 editaron el periodista Horacio Verbitsky y el abogado Juan Pablo Bohoslavsky en Siglo Veintiuno y que este sábado presentaron en una sala del predio ferial que en esta capital tiene la Sociedad Rural Argentina, precisamente una de las patronales criticadas por los autores por su papel en el régimen militar que asoló al país entre 1976 y 1983.

Verbitsky, columnista de Página/12, periódico cercano al pensamiento del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se refirió junto con autores de diversos capítulos del libro a cómo poderosos empresarios de compañías locales e internacionales apoyaron el golpe de Estado de 1976, aportaron hombres para la conformación de los Gobiernos inconstitucionales e ideas para sus planes económicos y colaboraron y fomentaron la persecución de muchos de sus empleados sindicalizados.

Verbitsky preside también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones no gubernamentales más comprometidas en las querellas de los juicios contra los responsables de la dictadura. Según el CELS, unos 495 responsables de los crímenes de la dictadura han sido condenados desde que en 2005 se derogaron las amnistías hasta entonces vigentes. La mayoría son exmilitares y expolicías, también hay un exministro civil y un sacerdote, pero ningún empresario. Verbitsky dijo el sábado que con su libro busca “revelar la verdad histórica”, pero también “el juicio y castigo a los cómplices civiles”.

En la presentación del libro, el coautor del capítulo La complicidad de las cámaras patronales agropecuarias, el periodista y economista Alfredo Zaiat, dijo que “hubo cámaras empresarias cómplices del golpe como promotores y hacedores”, entre las que citó a la aristocrática Sociedad Rural y otras enfrentadas con el Gobierno de Fernández desde el conflicto agrario de 2008. Zaiat, editor de Página/12, dijo que las patronales buscaban “liquidar todo tipo de movilización popular y a su dirigencia: fueron los artífices ideológicos y ofrecieron sus mejores hombres para la gestión”, como el ministro de Economía del régimen, José Alfredo Martínez de Hoz, y el subsecretario de Agricultura de entonces, Jorge Zorreguieta, padre de la reina Máxima de Holanda.

El diputado kirchnerista y abogado Héctor Recalde, autor del capítulo Supresión de los derechos de los trabajadores, también tomó la palabra en la Feria del Libro: “El modelo de relación laboral que impulsaban era el sometimiento del trabajador, a través del miedo, del pánico. Patronales multinacionales, como Ford y Mercedes-Benz, han participado en persecuciones y desaparición de sus trabajadores; otras nacionales, como Ledesma (azucarera), La Veloz del Norte (transporte) o Vicente Massot, del periódico La Nueva Provincia, son juzgadas o denunciadas por causas similares. Las modificaciones que introdujo la dictadura en la ley de contrato de trabajo hizo desaparecer 27 artículos y mutiló 94, convirtiendo el derecho de huelga en un delito penal”. De momento, tres exdirectivos de Ford y los dueños de Ledesma y La Veloz del Norte han sido procesados por la justicia, aunque aún no juzgados, mientras que el caso de Mercedes-Benz no ha avanzado y Massot se encuentra acusado por la fiscalía. En la feria del libro también habló la autora del capítulo El caso Papel Prensa, Andrea Gualde, por la supuesta apropiación ilegal de esa compañía por parte de los periódicos Clarín y La Nación. Hasta ahora, esa causa judicial ha sido impulsada por el Gobierno de Fernández en 2010, pero el fiscal no ha imputado aún a nadie.