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El Tribunal de Cuentas investiga las irregularidades en RTVE

El organismo fiscalizador denuncia anomalías en los contratos, pagos a directivos e indemnizaciones durante la etapa de Oliart al frente de la corporación

Sede de RTVE en Torrespaña. EL PAÍS

Contratos injustificados con productoras privadas, pagos indebidos a los directivos, indemnizaciones abusivas y gastos de difícil justificación en las corresponsalías son algunas de las irregularidades que ha detectado el Tribunal de Cuentas en RTVE durante los años 2010 y 2011, etapa en la que la radio y la televisión pública estuvo al mando de Alberto Oliart (abandonó el cargo a mitad de 2011). Ahora, el organismo fiscalizador ha decidido abrir diligencias preliminares para determinar el alcance de estas anomalías, según avanzó ayer en el Congreso de los Diputados el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que aprovechó su comparecencia para dar un velado tirón de orejas al Gobierno por no haber aprobado el contrato-programa de RTVE.

El presidente del organismo de control fue desgranando las irregularidades detectadas durante los dos ejercicios fiscalizados. Así, por ejemplo, explicó que 26 directivos recibieron, cuando fueron cesados, indemnizaciones “muy superiores a las que les correspondían”. El informe detalla que uno de ellos percibió 143.243 euros, cuando en realidad le hubiera correspondido poco más de 13.000.

Gastos de alfombras y manteles

El Tribunal de Cuentas es especialmente minucioso con la contratación de productoras privadas para hacer coberturas informativas, los gastos generados en las corresponsalías y la rentabilidad de los contenidos.

» Informativos. La corporación contrató, en febrero de 2011, un servicio para la transmisión de señales de radio y televisión por un millón de euros. El organismo fiscalizador rechaza los argumentos que utilizó RTVE para justificar este convenio porque la empresa disponía de “medios y recursos humanos suficientes” para llevar a cabo esas coberturas informativas. El problema, afirma el Tribunal de Cuentas, es que estaban infrautilizados.

» Corresponsalías. En los ejercicios examinados (2010 y 2011), la televisión pública mantenía 16 corresponsalías en el exterior. Según el informe, en algunas se realizaron gastos de “carácter personal” que “por su naturaleza no correspondería” pagar a las delegaciones. En esos gastos detalla los de café, agua, infusiones, aceite de oliva, manteles de mesa, alfombras o visillos. Afirma, además, que las corresponsalías pasaron un excesivo número de comidas y de taxis de los trabajadores que no tendrían derecho a cobrar.

» Deportes. En 2011 se superó el límite del 10% del presupuesto total de la cadena que marca la ley para la compra de derechos deportivos (se llegó al 10,74%). El Tribunal comprobó que los derechos de la Liga de Campeones de la temporada 2010-2011 fueron de 18,4 millones de euros y no de dos millones, como decía RTVE en las alegaciones, lo que provocó que se rebasara el tope.

» Cine. Hay una falta de eficiencia en los ingresos derivados de los derechos de películas que ostentaba RTVE. El contrato para la producción de El baile de la Victoria (2008), por ejemplo, preveía la participación de la televisión pública en el 10% de los ingresos netos obtenidos por la película en su explotación internacional y en las salas comerciales nacionales. “No se ha constatado la obtención de ingresos por parte de RTVE en 2010 y 2011”, dice el Tribunal de Cuentas.

» Programas a coste cero. El informe detecta que la adquisición de derechos a coste cero sin dejar constancia documental de la repercusión económica que representa contar con emisiones gratuitas (una buena parte de los programas de La 2 son a coste cero) implica una “falta de transparencia” en la gestión.

» Plantilla. Tras el ERE de 2006, la plantilla se fijó en 6.400 trabajadores. Sin embargo, se superó este límite por las elevadas contrataciones externas, lo que contravenía los acuerdos de creación de la Corporación.

» Auditorías. Todos los contratos de producción tenían una cláusula que permitía a la corporación auditar —por sí misma o por terceros— el desarrollo del programa contratado. “Este procedimiento de control no se ha utilizado en ningún caso, lo que ha supuesto un debilitamiento del control interno”.

A la directora de Coordinación de Contenidos se le abonó 7.640 euros, si bien el Tribunal de Cuentas asegura que debería haber cobrado menos de la mitad. Otras deficiencias en la gestión hacen referencia a los contratos con las productoras privadas. Muchos de ellos, según el informe, son injustificados, porque la corporación tenía medios propios suficientes para realizar esos trabajos.

La contratación de personal tampoco se ha ajustado a las normas de la corporación. Al contrario. El presidente del Tribunal de Cuentas afirma que se han producido “importantes incumplimientos de la legislación vigente”. Los sueldos también son criticados. En algunos casos las retribuciones variables de directivos llegaron al 20% de su salario, pese a que apenas habían cumplido el 70% de los objetivos. En otros, Álvarez de Miranda ha explicado que se abonaban complementos “incompatibles” o dietas que no se ajustaban a la normativa.

El documento ilustra esta deficiencia con algunos ejemplos: para los programas La mañana de La 1 y + Gente (ya desaparecido) TVE contrató trabajadores por obra o eventuales que no estaban en el banco de datos de la cadena, una especie de bolsa de empleo prevista en el convenio colectivo. El Tribunal de Cuentas no ve “razonable” que se contratara a personas ajenas en un puesto para el que había 250 candidatos en ese banco de datos.

La política relacionada con la valoración y la compra de inmuebles es también muy cuestionada por el organismo que preside Álvarez de Miranda. RTVE tenía 57 inmuebles (por un valor de 411 millones de euros) que no estaban inscritos en el Registro de la Propiedad. Además, el precio de los 306 edificios no se ajustaba al valor de mercado. En la tasación de 2012 se observaba una pérdida patrimonial de 361 millones de euros. El informe del Tribunal de Cuentas hacer referencia al centro de Salamanca, paradigma de mala gestión. La corporación estatal compró, en 2010, un edificio por el que pagó 952.000 euros. Estaba llamado a ser la nueva sede del centro territorial de RTVE en esa localidad, que hasta entonces se ubicaba en un inmueble cedido por la Diputación Provincial y que, aparentemente, se debía desalojar. Dos años después, el edificio comprado valía menos de la mitad (418.000) y seguía vacío.

Los contratos de adquisición de derechos de autor, especialmente a la SGAE, fueron asimismo denunciados por Álvarez de Miranda, que instó a la televisión pública a rentabilizar de mejor manera sus contenidos y poder obtener así mayores ingresos comerciales.

Los grupos parlamentarios coincidieron en reclamar el contrato-programa como una de las vías para mejorar la gestión. El hecho de que ni en la etapa del PSOE ni en la del PP se haya dado el visto bueno a este plan trienal —que debería fijar los objetivos de la corporación— ha impedido comprobar si la radio y la televisión cumple con la función de servicio público que le encomienda la ley. El contrato-programa contribuiría a mejorar aspectos relacionados con la financiación y la programación.

Para el portavoz de los socialistas, Juan Luis Gordo, los problemas financieros por los que atraviesa la corporación proceden no del modelo (parte de los ingresos corresponden a la tasa que pagan los operadores de telecomunicaciones y de televisión privada) sino del hachazo en un 50% de la subvención estatal que recibe RTVE de las arcas del Estado. También tiene otro lastre: el pago del IVA, que supone alrededor de 100 millones anuales.