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Claves para comprender la nueva ley

Cinco puntos para entender mejor la reforma de la ley de Propiedad Intelectual

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El ministro de Cultura, Educación y Deporte, José Ignacio Wert, durante la rueda de prensa tras la reunión hoy del Consejo de Ministros EFE

Entre su trayectoria accidentada y su complejidad jurídica, la reforma de la ley de Propiedad Intelectual aprobada hoy por el Consejo de Ministros es un quebradero de cabeza. “Es todo técnico”, se sinceran desde una de las entidades de gestión que prefieren no hacer valoraciones a la espera de conocer, y analizar en profundidad, el texto definitivo.

Mientras, sí se pueden destacar algunas de las claves de la reforma.

Google News y la compensación equitativa. El texto establece el derecho de los agregadores de noticias (como Google News) a que usen fragmentos no significativos de "información, opinión o entretenimiento" sin autorización previa. Para ello, sin embargo, tendrán que pagar una "compensación equitativa", según ha anunciado Wert. Ojo: se habla de agregadores, como Google News, no de buscadores, como el propio Google. Los agregadores tendrán que negociar con las entidades de gestión de derechos (Cedro para los textos; Vegap, para las imágenes) el monto de esa “remuneración significativa”. La negociación sobre el cuánto y el cómo deberá resolverse en un periodo máximo de ocho meses desde la promulgación de la ley. Tres meses como máximo para fijar la orden y cinco para alcanzar el acuerdo entre las partes. Si no se llegara a un pacto, fijará la cuantía por decreto la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual.

La lucha contra la piratería. La nueva ley permite a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual —la que la ley Sinde creó para combatir la piratería online— perseguir también las webs de enlaces, esas que proporcionan el acceso a otras páginas donde se puede descargas contenido protegido por el derecho de autor. El texto fija también sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros en caso de “incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos ilícitos”. Y establece la posibilidad de perseguir e implicar a los intermediarios, tanto anunciantes como empresas de pago electrónico. Hasta ahora, en sus dos años de vida, la sección segunda ha conseguido la retirada de unos 150 contenidos. Entre sus críticas, el Consejo de Estado recomendaba dotar al organismo de más recursos para su labor.

La compensación por copia privada. Una vez enterrado el canon digital, el Gobierno creó la llamada compensación por copia privada con cargos a los Presupuestos del Estado. En términos económicos, las entidades de gestión pasan de recibir unos 115 millones a cinco. El nuevo texto aprobado hoy “acota” el concepto de copia privada. “Permanecen amparadas las reproducciones de CD o DVD comprados, las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores. El tratamiento de las copias digitales queda remitido a los correspondientes contratos de licencia”, añade el documento. “Quedan excluidas las copias de copias, las que se hagan de un CD prestado o de canciones bajadas de iTunes”, pone algunos ejemplos Antonio Guisasola, presidente de Promusicae y de la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, Adepi.

Más transparencia tras el escándalo SGAE. El texto aumenta el control sobre las entidades de gestión y sus obligaciones de transparencia. “Se recoge un catálogo de obligaciones de las entidades respecto a sus asociados y las Administraciones públicas, que incluyen la rendición anual de cuentas y la realización de auditorías”, relata un comunicado del Ministerio.

La ventanilla única. La ley impone a las entidades de gestión un plazo de cinco meses para constituir una persona jurídica privada que centralice todas las operaciones de facturación y pago de los usuarios de derechos de propiedad intelectual. Si no hubiera acuerdo en el plazo previsto, será la Comisión de Propiedad Intelectual quien se encargue de ello. Algunas entidades de gestión relatan que, en uno de los últimos borradores que pudieron ver, se establecía que a falta de un acuerdo, la SGAE  se ocuparía de la gestión centralizada y que fue precisamente esa una de las razones por la que la reforma finalmente se quedó fuera del Consejo de Ministros de la semana pasada.

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