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El crimen arqueológico no paga

La impunidad asiste a los expoliadores: las detenciones rara vez acaban en sentencia judicial

Según los datos de la policía, 2013 ha sido uno de los peores años

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La Guardia Civil presenta las piezas recuperadas en la operación denominada 'Helmet', desarrollada en la provincia de Zaragoza, donde ha recuperado más de 4.000 piezas arqueológicas pertenecientes a diversas culturas.

El hombre yacía en el suelo haciéndose el muerto. Un infarto lo había fulminado. O eso gritó antes de desmayarse. Al llegar la ambulancia, cambió el diagnóstico: “Lo que usted tiene es a la Guardia Civil en casa”. La anécdota la recuerda un agente del Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO (Unidad Central Operativa) que registró el hogar del señor, cuyo problema era otro: ¿cómo justificar las monedas antiguas, el detector de metales y los demás objetos sospechosos que abarrotaban la vivienda?

Más de 9.000 fueron las piezas arqueológicas que los agentes requisaron entonces en la llamada operación Necrópolis, que provocó 12 detenciones por presunto expolio. La Guardia Civil llegó a fotografiarlos mientras, sentados en un bar, se jactaban de su botín. ¿Qué castigo judicial recibieron? Ninguno.

Tampoco, de momento, ha pagado por su crimen arqueológico el jubilado detenido en marzo en la llamada Operación Helmet por llevarse 4.000 piezas celtíberas en Aragón. Ni siquiera acaban en sentencia, en realidad, la mayoría de las entre 300 y 500 denuncias por expolio que cada año remite el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a la Guardia Civil (que en 2012 recibió un total de 3.305). A falta de cerrar las estadísticas de 2013, la impresión es que ha sido uno de los peores años que se recuerdan en la materia, coronado el viernes con la detención de dos personas acusadas de saquear el yacimiento de Tiermes, en Soria.

Fuente: Guardia Civil.

“Sentencias hay pocas, muy pocas. Lo que hay es un gran sobreseimiento”, explica Ana María Yañez, jurista especializada en Patrimonio y profesora de la Complutense. Tanto que, a veces, se ha llegado a devolver las piezas al supuesto expoliador.

Una de las claves está en las exigencias de los jueces: el patrimonio arqueológico no es como el Cluedo; no basta con encontrar el arma del delito y su culpable. O se demuestran procedencia y momento del expolio de cada objeto o la puerta hacia la conclusión del caso permanece cerrada. “Es imposible hoy por hoy, con los medios que tenemos, lograrlo. Hemos controlado a mucha gente y la hemos dejado. Son malos, pero no podemos demostrarlo”, explica el guardia civil de la anécdota. Los malos fichados son unos 1.500. Entre ellos, unos 200 son auténticos reincidentes.

Los malos fichados son unos 1.500. Entre ellos, unos 200 son auténticos reincidentes

Mientras el agente habla, por su ordenador van pasando fotos y vídeos de hombres con detectores de metales, volcados en la caza ilícita del patrimonio. Es el fruto de horas y horas de espiar el trabajo de los expoliadores. Y la cosa da para un largo historial de anécdotas. Como los dibujos chapuceros de un sepulcro que un museo extranjero recibió en 1990. “I have a tomb tartesica. For sale. I am sorry. My inglis is very beed[SIC]”, agregaba el hombre que había en un torpe intento de vender su botín.

Cuanto los sospechosos terminan su trabajo, la Guardia Civil lleva a cabo una inspección ocular. Y vuelve con un arqueólogo para determinar si se trata de un yacimiento y el alcance de los daños. Cosa distinta, obviamente, es saber qué se han llevado los expoliadores. “El patrimonio arqueológico normalmente está oculto. Y su desaparición pasa inadvertida", asegura Yáñez. “Jurídicamente, es más complejo de defender. Muchas veces el juez entiende que el expoliador no conocía el valor de lo que se llevaba”, añade Carmen Acedo, abogada del Estado. Más aún si, como puede suceder, el yacimiento era un enigma incluso para las autoridades.

Casco celtíbero subastado en Alemania. EL PAÍS

Conocido de sobra en cambio es el perfil del enemigo, como detalla un comandante de la Guardia Civil: “Siempre son los mismos. El aficionado, el seudocientífico y el profesional, el más peligroso. Va a destrozar el yacimiento y conseguir lo que para él tiene valor. Se mueven en grupos, lejos de su casa, a menudo entre semana”. Todo ello, con georradares y tecnologías dignas de un Indiana Jones contemporáneo. Los agentes tienen bien definido el kit del buen expoliador: mapas repletos de x, manuales de historia, monedas, artículos. Y el omnipresente detector.

El instrumento se puede adquirir online o en un centro comercial por pocos cientos de euros. ¿No lo tendrán los expoliadores demasiado fácil? "No se puede comparar con un arma. Pero algunas regiones exigen una licencia para usarlo en un yacimiento. Sería interesante plantearlo a nivel nacional”, defiende Yañez.

Además de ello, la Guardia Civil agradecería la creación de un delito de expolio, que integre las sanciones administrativas. De momento, deben conformarse con una definición genérica en la ley 16/85, que reformó la Protección del Patrimonio Histórico. El delito no existe en el Código Penal. De ahí que la Guardia Civil se agarre a otros crímenes: daños, contrabando, etc. “Ayudaría mucho”, reconoce Ignacio Rodríguez Temiño, director del conjunto arqueológico de Carmona y autor del libro Indiana Jones sin futuro. La lucha contra el expolio del patrimonio arqueológico. “Es un bien no renovable”, añade. Rodríguez aclara que no hacen falta alarmismos, aunque sí define otro problema: “La ley ofrece un marco para intervenir. Pero la lucha contra el expolio nunca ha sido una prioridad. No ha habido ni medios técnicos ni voluntad política”.

Desde luego no la hubo, por ejemplo, ante las alarmas de museos y fiscales alemanes ya en 2008 sobre dos decenas de cascos celtíberos que se iban a subastar en su país. Durante años, el Ministerio de Cultura hizo oídos sordos, y el tesoro acabó vendido, entre Múnich y Londres. “El problema es que ni la cúpula ni el pueblo están sensibilizados”, remata Rodríguez.

Precisamente allí se halla, según los expertos, el otro aliado del expolio. “Tenemos que ver el patrimonio como algo que nos pertenece a todos”, sugiere Carmen Marcos, subdirectora del —todavía— cerrado Museo Arquéológico Nacional. Y Elisa de Cabo de la Vega, subdirectora general de Patrimonio Histórico, remata: “El gran reto es la sensibilización, la mejor arma preventiva”. Traducido: más educación, más denuncias, más atención de autoridades y ciudadanos. Dicho así, suena fácil. Y podría ser una solución.

¿Bastará? Quién sabe, la vida no funciona como el Cluedo.

 

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