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OPINIÓN
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Ver la luz

La velocidad de la luz es tal que ni siquiera somos capaces de entender la factura por el consumo que de ella hacemos en casa.

David Trueba

La velocidad de la luz es tal que ni siquiera somos capaces de entender la factura por el consumo que de ella hacemos en casa. De ahí nuestra desconfianza. Gran parte del malestar social, cada vez más creciente, tiene mucho que ver con la incapacidad de los administradores para explicarse a los clientes. Hablar de ciudadanos sería concedernos un estatus demasiado elevado, clientes es la palabra perfecta. Con la subasta de contratación eléctrica organizada en torno a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a suceder. Al final una empresa que opera en Internet con el luminoso nombre de Holaluz ganó la puja y ofrece a los nuevos clientes una rebaja.

Que las principales empresas del ramo no participaran en la pugna invita a pensar que la Comisión de la Competencia tendrá que estudiar si ha habido algún pacto encubierto. Ninguna liberalización es completa si a las malas prácticas no se les opone una vigilancia extrema. A la espera de datos reales, la prudencia es buena consejera. Sucede algo similar en la guerra abierta contra las energías renovables. Nos faltan datos para opinar con juicio. Por eso la Comisión de la Competencia se alza como un arma al servicio de los ciudadanos imprescindible en los tiempos que corren.

El peligro mediático consiste en quedarse en la superficialidad si tenemos en cuenta lo poco que hemos sabido de su reforma. Tuvo sus cinco minutos de luz en la dimisión de una sobrina del ministro De Guindos, a quien le correspondía dirigir esta institución, y estamos a la espera del nuevo nombramiento tras saber que al correr el cargo le hubiera correspondido a la hija del ministro Arias Cañete. Sería fácil quedarse con la anécdota de ese dominó interfamiliar. Lo grave es la reforma de la institución, que ha centralizado las funciones de varios organismos de supervisión especializados, y cuya comisión nombra el Gobierno. Las autoridades europeas ya advirtieron que abaratar en la protección del ciudadano es una receta de doble moral, se le beneficia perjudicándole. De la capacidad de trabajo de esta comisión, ahora a destajo y bajo la avalancha de recursos, depende la credibilidad de nuestro sistema. Algunos temen, y no les falta razón, que nunca lleguemos del todo a ver la luz.

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