Parapeto

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. / Cristobal Manuel (EL PAÍS)

Puede que el Partido Popular haya encontrado en la rabiosa actualidad el parapeto perfecto para legislar sobre los desahucios al margen de las iniciativas ciudadanas. Ayer aprobó su ley sin ganar un solo aliado, en un asunto y en un momento donde la búsqueda de un mínimo consenso sería no ya recomendable, sino imprescindible. La demolición por rodillo puede que pase desapercibida ante otras noticias más llamativas. Al fin y al cabo también para Dolores de Cospedal la historia jugaba a su favor y se permitió reescribir el nazismo como un grupo de espontáneos que hacían sonar las cacerolas y llevaban pegatinas verdes en las solapas. Todo sirve para colar la inacción política con el disfraz de víctima.

 

Los desahucios merecen una victoria ciudadana transparente, que normalice las relaciones entre quienes padecen las leyes en su carne y quienes las dictan bajo la vocación de servidores públicos. Responsabilizar a los políticos de sus actos es esencial para nuestra democracia. Parapetados tras la disciplina de partido, es indecente que sigan dando la razón a los ciudadanos en cada conversación, pero sin cambiar la doctrina legislativa cuando llega la hora de la verdad. Ese bloqueo en la transmisión de los deseos ciudadanos a la realidad legislativa es la que conviene denunciar.

Los diputados confían en el anonimato de las listas cerradas para sobrevivir a la legislatura sin que se les mueva el flequillo. Elevar los decibelios del ruido de fondo contribuye a tapar la melodía. Así la canción de los escraches ha dejado en segundo plano la realidad cotidiana de los desahucios. Enorme logro de la dialéctica política, en clave altisonante. La ley hipotecaria es un agravio a la decencia de las relaciones comerciales. Quienes votan por su mantenimiento han de responsabilizarse de lo que hacen. La ciudadanía es ingenua hasta un límite. Cuando ve privatizar sus servicios sanitarios y ocupar cargos bien lucrativos en las empresas beneficiarias a los agentes políticos que fueron imprescindibles para el canje, comienza a inquietarse. Entiende que ese anonimato de los políticos es un fraude mediático. Y no es tanto que exija listas abiertas, sino personalidades ciertas, coherentes y responsables. No esa bancada átona que vota a granel y luego exige respeto para su condición individual.

 

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