Editores contra tecnológicas

Pocas veces se aludió con tal claridad como ayer a la pelea que de verdad late en el mundo digital. Lo hizo el presidente de la Federación del Gremio de Editores, Javier Cortés, alineado en uno de los bandos. “Este Gobierno, y el anterior, han sido más favorables al sector de las telecomunicaciones que al cultural. Solo hay que pensar en lo que se ha invertido para llevar a las aulas una tecnología inoperante en la que se han gastado mucho y lo poco que se ha dedicado a llevar los contenidos culturales a esas mismas aulas”, comparó.

Continente contra contenido. Las tecnológicas ponen la herramienta y nadie cuestiona su precio. Las industrias culturales ponen la oferta y se reclama que sea gratis. Esta es la queja de los editores. “No le tenemos miedo al mundo digital, le tenemos miedo a la falta de regulación”, puntualizó Cortés, durante la presentación del informe sobre la situación de la industria y comercio del libro con respecto a la protección de la creación cultural en el marco del Encuentro de Editores Europeos, que se celebra en la Casa del Lector, en Madrid.

Los editores creen que España debería aprovechar la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para reforzar la lucha contra la piratería. En 2012 se descargaron ilegalmente 27 millones de libros, lo que significa un volumen de negocio que deja de facturarse de unos 200 millones de euros. “No nos sentimos tan bien tratados como en otros países europeos”, afirmó Xavier Mallafré, presidente del Gremi D'Editors de Catalunya, que cree que la voluntad política puede transformar la conducta colectiva hacia los derechos de autor al igual que en el pasado se modificó hacia el medio ambiente o la siniestralidad vial.

Mallafré recordó la experiencia de Francia, cuya legislación ha provocado una disminución de las descargas ilegales. Si antes de la aprobación de la Ley Hadopi en Francia en 2009 había 6 millones de usuarios que admitían descargas ilegales, hasta marzo pasado la cifra había bajado a 4,3 millones.

Los editores reclaman a las administraciones españolas que trabajen “para adaptar de manera adecuada nuestra legislación de manera que España deje de ser uno de los escasos países europeos donde no se toman medidas eficaces para proteger la propiedad intelectual”.