La Ley de Propiedad Intelectual permitirá ir contra las webs de enlaces

El Gobierno aprueba una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que no contenta a nadie

El texto reduce el concepto de la copia privada

ATLAS

Las webs de enlaces, denominación que en la jerga refiere esas páginas que no albergan contenidos protegidos por los derechos de autor pero muestran el camino a otras que sí los alojan masivamente, podrán ser perseguidas por la Administración. Es una de las novedades más llamativas del anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobado ayer en Consejo de Ministros tras una tramitación más bien accidentada. Así será si prospera el cambio puntual de la norma y entra en vigor “a final de año”, según fuentes de la Secretaria de Estado, tras el dictamen del Consejo de Estado, su vuelta al Consejo de Ministros y la consabida negociación parlamentaria. Solo entonces podrá actuar contra ellas la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, creada por la ley Sinde-Wert para cerrar páginas que vulneren el copyright. Eso sí, siempre a requerimiento de parte.

 La cuestión es ahora saber qué se considera una web de enlaces. O mejor, cuáles no son así definidas. El texto habla de aquellas cuya “principal actividad sea la de facilitar de manera específica y masiva la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrecen sin autorización”. A renglón seguido, se incluye un inciso en el que se deja fuera de esa definición a Google y otros buscadores dedicados, entre otros, al negocio de la redirección.

Por si había dudas, José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, las despejó todas en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. “En ningún caso”, dijo el ministro en referencia a este tipo de buscadores, “estas páginas basan su negocio en violentar derechos de propiedad intelectual”. “Nos hemos basado en el ejemplo de la legislación internacional”, añadió, para sorpresa de la Asociación de Editores de Diarios de España (y de libros, y las discográficas); llevan un tiempo reclamando una legislación “a la alemana”, que permita el pago por parte del gigante informático a las empresas de contenidos.

La reforma contempla también ir contra las empresas que coloquen publicidad en esas webs, así como sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros para los infractores graves, es decir, para aquellos reincidentes que se nieguen a retirar los contenidos ilícitos cuando sean reclamados por la comisión, órgano colegiado mixto cuyo peso se lleva desde la secretaría de Cultura.

Muchos implicados en el negocio de los derechos de autor volvieron a torcer el gesto al conocer esta novedad. Los números no dan para albergar demasiadas esperanzas: la sección segunda ha resuelto 30 casos en sus primeros 12 meses de funcionamiento (y 10 más en los últimos 15 días, según cálculos de sus responsables). La ley también dotará de mayores medios a este órgano, aunque ayer en sede ministerial no supieron concretar cómo, ni cuándo, ni sobre todo cuánto.

El texto se detiene largamente en las entidades de gestión. Aspira a “aumentar el control de su actividad, así como su transparencia”. No se les permitirá crear sociedades mercantiles, ni fundaciones. “Todos ustedes saben que ha habido muchos problemas en los tiempos recientes”, explicó Wert en una escasamente velada referencia a la SGAE y a la gestión que acabó con parte de su dirección imputada por el juez Ruz.

Los redactores de la reforma de la norma (altera unos cuantos artículos mientras llega la nueva ley, que Wert prometió para esta legislatura) hablan de un “antes y un después en la relación de las entidades de gestión y la administración” al introducir una graduación en las sanciones. Antes, la secretaría solo podía recurrir a la retirada de la licencia. Ahora se contempla un rosario de penas que pueden llegar hasta una multa del 2% de la recaudación anual de la entidad infractora.

Lo que el espíritu de la ley propugna no se traduce, con todo, en cifras concretas para el control de las tarifas que pueden establecer las entidades, vieja aspiración de las radios y las televisiones. Estas lamentaron también que la norma no entre en la regulación de los mecanismos de acreditación de derechos por modalidad de explotación (digital o analógica), o en cómo se reparte en el extranjero el dinero recaudado en España (como por ejemplo, el de las películas de Hollywood).

No fueron ellos los únicos que se revolvieron al conocer el contenido de un texto de tramitación accidentada; se han filtrado desde finales de año una decena de borradores y se han sucedido las protestas por no haberse consultado a las partes implicadas. Las ocho entidades de gestión en bloque enviaron a la media hora de terminado el Consejo de Ministros un comunicado que auguraba que el cambio legislativo “perjudicará gravemente a los ciudadanos y beneficiará considerablemente a las multinacionales tecnológicas”.

Con ello, se referían al nuevo régimen de compensación por copia privada, que viene a sustituir al viejo canon digital por un sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, cambio ya introducido por vía reglamentaria. Según este régimen, las entidades recibirán cinco millones en 2013 frente a los 115 que obtuvieron en 2011.

Para dar rango normativo al cálculo del nuevo canon, los legisladores han reducido considerablemente el concepto de copia privada. Si la reforma se aprueba tal cual está, solo se considerará dentro de esa categoría a las duplicaciones que se efectúen entre particulares partiendo de un original y mediante el empleo de un soporte físico (como un CD virgen). El resto se considerarán copias licenciadas (iTunes y otros servicios del estilo en el que los usuarios firman contratos que habitualmente no leen) o instaladas fuera de la legalidad. Y eso incluye el intercambio de archivos entre pares (el famoso p2p).

Fuentes de la secretaría de Estado se felicitaron ayer por adelantarse a los tiempos. Los soportes físicos están en trance de extinción, luego un canon que los grave debería correr la misma suerte. Así, explican, pasará cuando esté lista la directiva que prepara la Unión Europea al respecto (y que podría hacerse esperar hasta dos años). No opinan igual en CEDRO, que representa al mundo del libro. La asociación consideró que ampliar el concepto de la “cita ilustrativa” en el ámbito educativo sin establecer compensación a cambio vulnera el derecho comunitario.

Todos ellos, aseguró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, podrán establecer sus objeciones o alegaciones en el periodo de consultas que quedó abierto ayer.

Y parece que habrá trabajo de sobra. Si algo insólito ha conseguido esta reforma es unir en el rechazo a las entidades y a la industria con los así llamados internautas, que ya la han bautizado el proyecto de reforma como ley Lassalle, en referencia al secretario de Estado de Cultura.

 

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