Subvenciones en entredicho, ¿llegan los mecenas?
La crisis disminuye las ayudas de las Administraciones y reanima una vieja discusión, la de la cultura financiada con fondos públicos
Este reportaje forma parte del proyecto final de la asignatura de Digital de los alumnos de la 25ª promoción de la Escuela de Periodismo UAM / EL PAÍS 2011
¿Ha llegado la hora de que la cultura se emancipe de las subvenciones? El debate sobre cómo se asignan los recursos públicos despierta mayor preocupación en época de crisis, pero no es nuevo. Durante los últimos años ha estado politizado pero ahora el contexto económico obliga a ser más rigurosos en su planteamiento y analizar si merece la pena el gasto y cómo se debe repartir. Sectores afines a la derecha critican la política de subvenciones y, de hecho, el nuevo Gobierno del Partido Popular se ha propuesto modificarla para impulsar que la iniciativa privada sea el motor de esta industria.
Hay quien centra sus quejas en las cuantías y quien es más crítico con el proceso de concesión. Pau Rausell Köster, director del Área de Investigación en Economía Aplicada a la Cultura de la Universidad de Valencia, habla de "un entramado de política cultural absolutamente sujeto a ocurrencias puntuales y posibilistas".
Cultura oferta 92 millones en 2011 para el cine y el mundo audiovisual
"Yo no hablaría tanto de un exceso de subvenciones. Diría más bien que es necesario modificar los criterios y los procedimientos de asignación". Es la opinión de Antonio Martínez, gestor cultural y director gerente de la empresa pública Murcia Cultural. Reconoce que la modificación por la que aboga es complicada, dado que habría que homologar el modelo estatal y los autonómicos, pero tiene una alternativa: crear consejos de las artes, compuestos por expertos independientes de acreditada reputación en el sector, de forma que "se garanticen procesos de asignación más autónomos de las decisiones políticas". La propuesta, que de momento solo se ha plasmado en Cataluña, se inspira en los Arts Councils británicos.
De opinión similar es Víctor Fernández, profesor de la Universidad de Oviedo especializado en Economía de la Cultura, quien concreta que las subvenciones deberían concederse con pautas que "permitieran acercarse más a las preferencias de los ciudadanos". Considera que "habría que aumentar los criterios objetivables y abrir las comisiones de expertos a más colectivos relacionados con el mundo de la cultura".
El cine y el mundo audiovisual centran los ataques a la política de subvenciones. No en vano, son las disciplinas que más dinero público reciben. Para 2011, por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha ofertado 92 millones repartidos en una veintena de convocatorias para ayudas públicas.
Incluso en la industria cinematográfica hay quien es consciente de los defectos de la política de subvenciones. Hernán Migoya, Tinieblas González o Jaime Falero, cineastas conocidos en los circuitos alternativos, son la voz de la conciencia, aunque muchos entienden que sus quejas se deben a su condición de outsiders. Consideran que en España se ruedan al año decenas de películas, muchas de ellas sin importar la calidad de los proyectos, porque lo que interesa es lograr una subvención. "El dinero para cine es un dinero a fondo perdido", denuncia el director tinerfeño Jaime Falero. "Se hacen productos a bajo coste, se inflan las facturas con las que se justifican y así se obtiene dinero de sobra", sostiene. Falero apuesta por subvenciones para promocionar la obra y no la producción. Opina que un comité de expertos debería evaluar el filme una vez terminado y, si lo considera de calidad suficiente, conceder ayudas para su difusión. De esta forma, los inversores tendrían la posibilidad de recuperar su dinero gracias a la exhibición de la película. González desarrolló estos argumentos en una rueda de prensa y resumió la situación con una frase lapidaria: "El cine español está prostituido".
Reforma de la legislación
Frente a la excesiva dependencia de los poderes públicos, el PP sugiere una reforma de la Ley de Mecenazgo para aumentar los incentivos fiscales a las inversiones en proyectos culturales. La legislación española establece unas ventajas tributarias con diferente porcentaje de deducción sobre la cuota del IRPF, que oscila entre el 15 y el 35%. Se prevé que esta reforma se lleve a cabo en la legislatura que ahora comienza. El programa electoral de los populares recoge esta idea: "Impulsaremos decididamente el mecenazgo como soporte activo de los emprendedores culturales y de la innovación creativa, restituyendo a la sociedad su protagonismo y sustituyendo la trasnochada estrategia de la subvención". Lo que no han concretado aún es cómo desarrollarán esa medida, aunque el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuvo la oportunidad de hacerlo cuando un internauta le interpeló a través de Twitter, días antes de tomar posesión de su cargo. "Eliminad las subvenciones al cine y sindicatos e invertirlo en medicina e investigación de cura de enfermedades", le dijo. Rajoy solo respondió: "Es necesaria la revisión de todas las partidas de subvenciones y la eliminación de aquellas no justificadas".
Los profesionales consultados coinciden en apoyar esta reforma de la Ley de Mecenazgo. "La legislación podría ayudar un poco más", opina Fernando Rueda, director del Observatorio de Cultura de la Fundación Alternativas. "Queda mucho que mejorar porque la tendencia siempre ha sido subvencionar públicamente; el apoyo privado es menos visible, pero se está haciendo", añade.
Los expertos en economía cultural advierten sin embargo de que un cambio en los incentivos fiscales no sería la panacea. El profesor Víctor Fernández apunta que la filosofía general es positiva. "En un contexto de descenso de fondos públicos es más que conveniente buscar inversiones privadas". Ahora bien, "otra cuestión será ver los criterios". "No hay que generar falsas expectativas con el mecenazgo. En Europa las cantidades procedentes de empresas e individuos, aun siendo importantes, son relativamente modestas", si las comparamos con el dinero público, agrega Antonio Martínez. Ante la crisis, también las grandes fortunas se vuelven precavidas.
Francia y EE UU, ejemplos contrapuestos
André Malraux cambió las aventuras en Indochina y España por el sillón de ministro de Cultura de Francia. El general De Gaulle creó la cartera en 1959 y confió en uno de los grandes intelectuales galos de la época para dirigirla. Desde entonces, este país ha sido el modelo de aquellos que consideran que la cultura es un bien público que merece apoyo institucional. En el otro extremo, los partidarios de iniciativa privada miran a Estados Unidos. Entre ambas opciones, existen grados que acercan el sistema a uno u otro extremo.
En Francia, los recortes también han llegado a la cultura. Emmanuel Négrier, doctor en Ciencias Políticas, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés y especialista en las políticas culturales europeas, apunta que las ayudas estatales se mantienen respecto a años anteriores, lo que, "teniendo en cuenta la inflación [1,77%], supone un descenso". A nivel regional y local también han bajado las partidas, en algunos casos hasta un 30%. Aun así, el Estado dedicará 7.400 millones de euros en 2012 al Ministerio de Cultura y Comunicación. El presupuesto de esta cartera en España es de 839 millones en 2011, aunque hay que tener en cuenta que no incluye el área de comunicación. Négrier concluye: "A más subvenciones, mejor para el sector". Pese a esta fidelidad de las instituciones, Francia ha potenciado el mecenazgo hasta el punto de que desde 2003 las exenciones fiscales pueden llegar al 90% si se compran bienes de interés cultural.
El modelo estadounidense difiere radicalmente del francés. El Bureau of Educational and Cultural Affairs, equivalente al potente departamento galo, actúa como una mera agencia de promoción cuya actividad principal es la enseñanza del idioma y la cooperación cultural exterior. El primer contribuyente de las organizaciones culturales son los inversores privados: fundaciones, corporaciones y ciudadanos aportan el 43% de los fondos, frente al 13% de las Administraciones. El porcentaje restante corresponde a los ingresos generados por las propias organizaciones. El vehículo principal de apoyo público al sector son las 56 agencias, una por cada Estado o jurisdicción, cuyo presupuesto para este año ha sido de 345 millones de dólares (265 millones de euros), parcialmente aportados por el National Endowment for the Arts, un organismo federal que convive con aquellas, y que también realiza aportaciones directas.
