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El Gobierno del PSOE renuncia a desarrollar la 'ley Sinde'

El Ejecutivo en funciones deja definitivamente al PP la 'patata caliente' de desarrollar el reglamento de la ley antidescargas, según un portavoz del Consejo de Ministros

El Gobierno no desarrollará el reglamento de la ley Sinde, que permitiría el cierre de páginas web que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. Así de tajante se ha mostrado un portavoz del Consejo de Ministros sobre el futuro de la norma antidescargas, una de las más polémicas de la historia reciente. La patata caliente queda por tanto servida en el plato del nuevo gobierno del Partido Popular. A nadie se le escapa, y mucho menos a los miembros del PP que están pilotando la transición de poderes, que este, un proyecto legislativo que provoca un fuerte rechazo popular, sabrá a regalo de bienvenida envenenado al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La oportunidad de aprobar el reglamento en el penúltimo Consejo de Ministros se ha dejado pasar. Y tampoco se prevé aprovechar el último, convocado para el viernes que viene. Ahora queda en manos del PP. La norma superó en febrero el trámite del Senado gracias al apoyo de los populares y de CiU, tras el severo tropezón sufrido en vísperas de la navidad pasada, cuando fue tumbada en el Congreso. El reglamento debía venir a aclarar uno de los puntos de la discordia: la composición de la Comisión de la Propiedad Intelectual encargada de recibir las quejas de particulares por vulneración de los derechos de autor y solicitar el cierre de las webs.

El día había comenzado con el anuncio de Ramón Jáuregui de que el borrador del reglamento se estudiaría en el Consejo de Ministros. Al conocerse la noticia, las redes sociales quedaron inmediatamente soliviantadas y blogueros de renombre como Julio Alonso se opusieron inmediatamente con elaborados textos en contra de la ley Sinde. "Los gobiernos van y vienen. La red resiste", sentenció. La sorpresa llegó cuando José Blanco explicó, al término del Consejo, que el reglamento, que ya amagó con aprobarse la semana pasada, había quedado "encima de la mesa".

El eufemismo escondía la realidad de una discusión en la que, según fuentes conocedoras de lo sucedido, la ministra de Cultura se ha quedado "sola" en su defensa de la norma. Se han opuesto a su aprobación varios titulares de los ministerios a los que afectaría la ley, como Industria, Justicia o Interior. Y se ha dudado de la conveniencia de desarrollar una legislación impopular en los estertores de un Gobierno tan castigado por los resultados de las elecciones del 20-N. También se ha afeado a Jáuregui la precipitación en hacer el anuncio.

Ángeles González-Sinde había reconocido en conversación telefónica esta misma semana que la aprobación dependía a estas alturas del acuerdo entre los encargados de la transición: Ramón Jáuregui y Soraya Sáenz de Santamaría, del PP, que, por razones obvias, se habría mostrado especialmente interesada en el éxito de este trámite.

Lo sucedido hoy suena a enésimo e inesperado volantazo en el viaje de una ley que echó a andar hace dos años en medio de una fuerte contestación popular canalizada en la Red a través de iniciativas como el Manifiesto en Defensa de los Derechos de Internet. Muchos acusaron entonces al Ministerio de Cultura de taimada la maniobra de tratar de colar una norma importante camuflada de disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible.

Tras una accidentada sucesión de varapalos parlamentarios, fallidas reuniones con internautas en sede ministerial y la dimisión de Alex de la Iglesia como presidente de la Academia de cine a consecuencia de un debate agriamente aireado en la Red, la norma quedó aprobada en el Senado y pendiente de un desarrollo reglamentario que parecía fácil y que quedó pendiente del dictamen del Consejo de Estado, que se aprobó al fin el 24 de noviembre.

Pero una vez más, la ley Sinde tendrá que esperar.

Un largo recorrido

El reglamento de la ley, que fue aprobada por el Congreso el pasado 15 de febrero incluida en la Ley de Economía Sostenible, tipifica el bloqueo o cierre en un máximo de 10 días de webs desde las que se puedan descargar obras protegidas por derechos de autor, además establece una comisión administrativa -con funciones de mediación y arbitraje- para dirimir este tipo de conflictos, siempre a partir de denuncias particulares. Asimismo, desde el primer momento todo el proceso estará tutelado por un juez. La aprobación de la ley contó con 323 votos a favor de PSOE, PP y CIU; 19 en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención.

El Consejo de Estado aprobó el pasado 24 de noviembre su dictamen sobre la ley, un trámite preceptivo para que el Ministerio de Cultura pudiera llevar el reglamento al Consejo de Ministros. Anterior al dictamen del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe el pasado 10 de julio en el que ponía en entredicho una parte importante de la doctrina de la norma, al dejar caer que las páginas de enlaces no vulneran la Ley de Propiedad Intelectual aunque los contenidos a los que enlacen hayan sido subidos a la Red de forma ilícita.

Así, a la hora de recabar los datos al inicio del procedimiento, que permitan identificar al infractor, el informe del CGPJ recomendaba que no se extendiera esa obligación a las páginas de enlaces, ya que no considera que estén vulnerando la ley de acuerdo a la doctrina de la mayor parte de las sentencias judiciales.

En las redes sociales los internautas se habían movilizado tras el anuncio de primera hora de la mañana de Jáuregui. Los mensajes contra la norma crecían y en Twitter ya era uno de los temas más comentados con la etiqueta #LeySindeNO. Entre esos mensajes estaba el de la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE, María González Veracruz, quien escribió en su cuenta de esta red social que no podía "compartir" que Cultura propusiera la aprobación del reglamento: "Espero que el Consejo de Ministros lo pare".

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