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Gobierno y PP pactan una 'ley Sinde' descafeinada

El proceso para cerrar una web podría alargarse hasta 17 días.- El Ejecutivo se compromete a modificar la aplicación del llamado 'canon digital' en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley

Café para todos, sí, pero descafeinado. La ley Sinde , rescatada ayer en el último momento gracias a un pacto entre el Gobierno, el PP y CiU, superará, enmendada, el trámite del Senado. Y lo hará reformada para contentar a todos... pero sin convencer ni a unos (internautas) ni a otros (creadores). Los populares, conscientes de la necesidad de legislar sobre la protección de la propiedad intelectual (si no se regulaba ahora, quedaría pendiente para la próxima legislatura), ofrecieron su apoyo a cambio de una desnaturalización de la norma antidescargas inicial. Al fin, y después de tantos accidentes e incidentes, habrá una norma que permitirá el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor.

La principal novedad con respecto al texto presentado por el PSOE en el Congreso está en los plazos: la norma permitirá clausurar los portales en un plazo de entre 15 y 17 días. Y ofrecerá más garantías. La enmienda también contempla una mayor tutela judicial desde el inicio del proceso, cuando la Comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y haya que requerir datos como quién es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene u otros asuntos sujetos a confidencialidad. "Tal requerimiento", reza la enmienda, "exigirá la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación".

El juez interviene en otra ocasión más y velará por que no se vulnere los apartados 1 y 3 del artículo 18 de la Constitución, que garantizan "el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", así como "el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial". "Se refuerzan las garantías que ya existían en consenso con el PP", aseguró anoche la ministra Ángeles González-Sinde a la prensa, a la que convocó a un encuentro apresurado en el Senado. "Es una ley que respeta los derechos de todos. Un modelo distinto al de los países de nuestro entorno. Cuando empiece a funcionar comprobaremos que no supone una amenaza para el uso de Internet. Tiene que quedar claro que no se perseguirá a los individuos", añadió.

También se introduce en el texto el compromiso de adecuar el canon digital -interpretado por todos como una victoria del PP- a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que entendía que se aplicaba en España de modo indiscriminado al obligar a su pago a las personas jurídicas. El texto dice: "El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, mediante real decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada". Las modificaciones estudiadas pasan por ampliar los colectivos exentos de pagar el gravamen por copia privada.

La ministra no consideró una derrota la inclusión de la modificación del canon en la ley Sinde. "Alcanzar un consenso en este sentido es una victoria para todos los ciudadanos".

El acuerdo rubricado anoche pone fin a una de las tramitaciones legislativas más accidentadas de los últimos tiempos. La ley ha resultado un quebradero de cabeza para el Gobierno y, sobre todo, para la ministra de Cultura, que acabó por darle su nombre involuntariamente. La inclusión de la regulación no como una norma autónoma, sino como la disposición final de la Ley de Economía Sostenible (LES), causó a finales de 2009 una verdadera revuelta en Internet. En la semana de su fracaso en el trámite parlamentario (el pasado 21 de diciembre) se sucedieron nuevos conatos de revuelta internauta (con fundido a negro de webs de descargas incluido). También una sucesión de negociaciones atropelladas (primero con el PNV, luego con CiU y finalmente con el PP), que transmitieron sensación de improvisación y de cierto trueque de intereses (se llegaron a negociar concesiones fiscales a cambio de apoyos parlamentarios).

Los últimos días no fueron una excepción al clima de apresuramiento, de enfrentamientos en la Red, de desmentidos y de pasos en falso que ha presidido todo el asunto. Soraya Sáenz de Santamaría, del PP, y la ministra de Cultura acercaron posturas la semana pasada. El domingo se celebró una reunión entre ambas para darle a la disposición adicional los últimos retoques. González-Sinde agradeció a la portavoz popular en el Congreso "su capacidad para aportar ideas y soluciones".

Ahora, el texto enmendado seguirá su proceso y, tras su estudio en comisión, deberá refrendarse en el pleno del Senado en menos de un mes. Después, volverá al Congreso, donde recibirá la aprobación definitiva.

La jornada comenzó con un cierto aire de conciliación ensayado por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que había asegurado en declaraciones a la SER la disposición de su partido para el acuerdo. Pero acabó, tras el anuncio del pacto a última hora de la tarde, como siempre: con la Red incendiada. Con el Twitter, esa ágora posmoderna, impregnado de airado descontento en frases de 140 caracteres: influyentes internautas escribieron descripciones que hablaban de "puñetazo en el estómago", "desastre", "maquillaje", "traición" o "mal rollo".

El proceso para clausurar un portal de descargas

- La enmienda conjunta de PSOE, PP y CiU fija con mucha más precisión que el texto que fue rechazado en el Congreso el proceso que puede acabar con el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor.

- Cuando la Comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia, "el prestador de servicios de la sociedad de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores", según la enmienda.

- Una vez terminado el plazo anterior "se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La Comisión en el plazo máximo de tres días dictará resolución. La retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento".

- "En el plazo de 24 horas siguientes a la petición y, previa audiencia del ministerio fiscal, dictará resolución autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulte afectado el artículo 18, apartados 1 y 3, de la Constitución".

- La comisión puede decidir entonces el cierre de una web. "En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión", explica la enmienda, "el juzgado convocará al representante legal de la Administración, al ministerio fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que estos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el juzgado oirá a todos los personados y resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida".

- Cuando se requiera información sobre el titular de la web u otros asuntos sujetos a confidencialidad, se tendrá que buscar la intervención de un juez para aportar mayores garantías al proceso.

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