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El PP propone un máximo de nueve días para el cierre judicial de webs 'piratas'

En sus enmiendas a la 'ley antidescargas', que mañana empiezan a debatirse en el Congreso, el Partido Popular exige que tras la entrada en vigor de la misma se retire el llamado 'canon digital'

Las páginas web que distribuyan o faciliten la descarga no autorizada de contenidos protegidos por derechos de autor serán cerradas por orden judicial en un plazo máximo de nueve días, según las enmiendas que propone el Partido Popular a la disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), la llamada ley antidescargas o ley Sinde (en referencia a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde). Dichas enmiendas comenzarán debatirse mañana en el pleno del Congreso de los diputados, y después pasarán a las comisiones. Se espera que la ley sea aprobada antes de fin de año.

La redacción original de la LES [descargar en PDF] da a la Comisión de Propiedad Intelectual (un órgano administrativo) el papel protagonista en el proceso de investigación y clausura de webs piratas, y deja en manos del juez la decisión final de cerrar un sitio de Internet, sin especificar (en opinión del PP) plazos para la ejecución efectiva de ese cierre.

En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, el PP delimita todos los pasos del proceso que conduce al cierre de webs e introduce la tutela judicial en cada una de esas etapas. En dos días (cuatro en la redacción del Gobierno) el juez debe otorgar o denegar la autorización para obtener los datos necesarios para identificar la web infractora. Para este plazo de dos días no cabría recurso. Una vez que la Comisión de Propiedad de Intelectual tenga los datos identificativos del infractor y considere necesario el cierre de la web, el juez tiene cuatro días para decidir si autoriza o no dicho cierre. Si lo autoriza, y tras escuchar a las partes implicadas, entonces tendrá un plazo "improrrogable" de cinco días para ejecutar el cierre.

Fuentes del PP aseguran que este "breve" espacio de tiempo -nueve días- supone una significativa agilización del proceso y contribuye a defender de manera más efectiva a los titulares de los derechos de autor. "También damos mucha más seguridad jurídica a la propuesta del Gobierno e introducimos la tutela judicial en el levantamiento de la IP [el DNI del servidor de la web] y en el cierre de la página", declaran las fuentes.

Retirada del 'canon' digital

La última de las enmiendas que presentará el PP a esta parte de la LES exige que el Gobierno presente ante el Congreso, en un plazo de un mes desde la entrada vigor de la norma, un proyecto de ley de Propiedad Intelectual "en el que se aborde, entre otras cuestiones, la eliminación de la compensación equitativa por copia privada"; el llamado canon digital en virtud del cual los consumidores pagan un sobreprecio al adquirir equipos, aparatos y materiales de reproducción digital.

El PP argumenta la retirada del canon apelando a las conclusiones de la subcomisión parlamentaria sobre Propiedad Intelectual y a un dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE donde se criticaba dicho mecanismo "de compensación".

El año pasado la principal entidad de gestión de derechos de España, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ingresó gracias al canon 27,67 millones de euros, un 72,9% más que en 2008, en tanto que los derechos de autor generados de la venta de discos y otros soportes llegaron a los 20,46 millones de euros, un 30,5% el año anterior. Se trata de la primera vez que los ingresos por el canon superan a los generados por la venta de discos.

La LES desató a finales de 2009 fuertes críticas entre influyentes internautas, que llegaron a reunirse con González-Sinde en la sede del Ministerio de Cultura para exponer sus objeciones al borrador.