Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
Controversia sobre la 'policía cultural' en la red

La ley antidescargas aviva el enfrentamiento entre la industria cultural y la comunidad internauta

Los primeros consideran insuficiente la 'ley aintidescargas' que prepara el Gobierno; los segundos creen que viola derechos fundamentales

La inclusión en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible de una modificación legislativa que permitirá la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual que tendrá la potestad de bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos ha desatadao la polémica, y ha avivado el enfrentamiento de la industria cultural y la comunidad internauta. La primera ha recibido con moderada satisfacción la iniciativa del Ministerio de Cultura, aunque no la considera suficiente.

Desde la Red, blogueros, un grupo de periodistas, responsables de páginas web, profesionales y creadores de Internet han redactado un manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet, en el que rechazan la nueva legislación.

El presidente de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, consideró hoy que la regulación de las descargas en Internet es un tema "con muchos frentes abiertos" y que para evitar la piratería hay que ofrecer a los internautas alternativas de pago para poder "bajar" cine o música de la Red, antes de "cerrar una puerta, que ya forma parte de la vida de mucha gente". De la Iglesia, en declaraciones a Punto Radio, recogidas por Europa Press, reconoció que a poco del estreno de las películas en los cines se pueden descargar en la web sin pagar. "Que ¿cómo evitarlo? Buscando puertas donde se pueden bajar películas de forma legal. Porque no se puede negar una puerta o ventana que ya forma parte de la vida de mucha gente, si no encontramos una alternativa, algo legal que permita que se pueda hacer pagando, y eso también está muy verde".

Están son algunas de las reacciones, en contra y a favor, que ha suscitado la propuesta de Cultura:

LOS QUE ESTAN EN CONTRA

Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI) : "Dicen que van a perseguir a las páginas de enlaces ¿Va a ir entonces Cultura a por Google, que es el mayor enlazador a contenidos protegidos por propiedad intelectual? Los derechos de autor no son derechos fundamentales y no se pueden equiparar a la pederastia o al terrorismo. La argumentación de la ley, por lo poco que aún sabemos, no deja claro en absoluto si la desconexión la tiene que autorizar un juez o no".

Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet: "En España existe el canon digital, que legaliza los intercambios de archivos entre particulares sin ánimo de lucro, y el anteproyecto para proteger el derecho de propiedad intelectual vulnera derechos fundamentales como el de la intimidad".

Julio Alonso, consejero delegado de Weblogs: "Aunque la intención declarada del ministerio de Cultura es perseguir páginas de descargas, este cambio introduce una muy importante inseguridad jurídica en Internet. Nadie sabe ni quién formará parte de dicha comisión, ni por qué criterios se guiará. El que las causas de cierre hayan sido ampliadas para incluir también la protección de derechos de autor abre la puerta para que cualquier página web pueda ser denunciada y cerrada sin las necesarias garantías legales. Es un atropello. No es una medida que vaya contra las descargas. Es una medida para intentar perpetuar un modelo de negocio caduco aunque sea a costa de los nuevos sectores económicos emergentes. No me cabe ninguna duda de que se trata de una norma claramente anticonstitucional, que pone la protección de un determinado modelo de explotación comercial de los derechos de autor por encima de las libertades civiles de los ciudadanos, el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. Pero no podemos permitirnos que se apruebe y esperar a que el Tribunal Constitucional la tumbe".

David Bravo, abogado especializado en Internet, a RTVE.es: "El Ministerio de Cultura ya intentó la persecución de estas páginas con una redada a las webs de e-links. Sin embargo los jueces declararon que no eran delictivas. Con esta modificación lo que el Ministerio de Cultura está diciendo a la sociedad de autores es no te preocupes por estos casos, porque mañana las voy a cerrar yo. Se quita así del medio a los jueces".

LOS QUE ESTÁN A FAVOR

José Manuel Tourné, director general de la Federación Antipiratería (FAP): " Las propuestas del Gobierno son, sin duda, una buena noticia para la Sociedad de la Información y para la activación de un sector económico generador de riqueza y empleo como el de la cultura y entretenimiento. Demuestra la voluntad del Gobierno de empezar a acabar con la terrible lacra de la piratería y activar la disponibilidad de contenidos legales en Internet con la calidad que los usuarios merecen. En 1983 la piratería del vídeo era del 90 % y la mayoría de los videoclubes, tiendas de electrodomésticos y hasta grandes almacenes ofrecían Videocasetes piratas a sus clientes (muchas veces sin saberlo). La legislación entonces (El artículo 534 del Código Penal considerado una norma penal en blanco, la Ley de Propiedad intelectual del siglo XIX y la Ley del cine de 1966) no permitía una gran defensa de los derechos de propiedad intelectual. Bastó una norma administrativa, el RD 2332/ 1983 de 1º de septiembre exigiendo que las películas en los videoclubes tuvieran un certificado de calificación expedido para el titular y la decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo designando un Juez especial (El nº 4 de la Audiencia Nacional cuyo titular era D. Carlos Divar) para que la situación empezara a cambiar drásticamente y en muy poco tiempo la piratería se redujo a niveles razonables. Hoy el Gobierno opta por sumar un procedimiento administrativo a las vías penales o civiles reservadas para los casos previstos en la Ley. Un procedimiento que permitirá bloquear las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual o desalojar las páginas que realicen tales conductas".

Promusicae, patronal de la industria discográfica: "El proyecto de ley resulta una solución parcial para una parte del problema de la piratería en Internet y se aleja de la línea que están siguiendo el resto de países europeos como Francia, Reino Unido o países avanzados de otras zonas del mundo como Japón, Nueva Zelanda, Corea y un largo etcétera. El proyecto de reforma se concentra en atacar las paginas webs que se dedican a promover y facilitar el acceso a obras protegidas sin autorización y sin compensación económica a sus propietarios....lo cual está bien, pero olvida que mas del 70% de este trafico no autorizado no se lleva a cambio a través de estas paginas sino directamente a través de programas P2P o a través del alojamiento de los contenidos, una vez mas sin autorización, en servidores y enlaces directos y contra estas prácticas no se plantean tomar ningún tipo de medida. Cuando todos los países de nuestro entorno consideran la piratería a través del P2P como el principal problema al que se enfrentan en este campo, llama la atención que aquí seamos tan originales y nos lancemos a una vía que ellos han rechazado después de concienzudos análisis. ¿o acaso es que no tenemos interés en resolver el problema real y sólo queremos hacer un gesto?".