Imputado por prevaricación el ex alcalde del PP en el municipio canario de Santa Brígida
El juez imputa también por el mismo delito a dos técnicos municipales
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Angel Parramón, ha dictado un auto en el que imputa por un presunto delito de prevaricación administrativa al ex alcalde del PP en Santa Brígida (19.000 habitantes), Carmelo Vega, y actual edil de Independientes por esta localidad, por conceder una licencia de obra mayor supuestamente ilegal amparada en una normativa anulada por la jurisdicción contencioso administrativa.
El juez imputa también por el mismo presunto delito a dos técnicos municipales (una arquitecta y una asesora jurídica) que llevaron a cabo sendos informes favorables y a los concejales del Ayuntamiento grancanario en el año 2000, María Teresa Vega y Luis Troya, en aquel entonces en Coalición Canaria (CC), como responsables de Cultura y Vías y Obras respectivamente, y Antonio Díaz, en aquella época edil de Hacienda del PP.
Estas tres últimas personas eran miembros de la comisión de gobierno del Consistorio en la que se aprobó otorgar dicha licencia para la construcción de un edificio de 14 viviendas, locales y garajes en el sector de los Palmerales-San Juanito o Potosi en la villa de Santa Brígida.
Por su parte, el juez acuerda también, en un auto del 27 de febrero, el sobreseimiento de las actuaciones respecto a otras personas que estaban imputadas por esta causa: Juan Armando Umpiérrez -actualmente concejal de Vías y Obras del PP-, y los ex concejales en la oposición en 2000, Manuel Galindo y Marcos Mendoza, ambos del partido La Gaviota Azul (LAGA), y el ex concejal del PSC-PSOE también en la oposición Antonio Cabrera, ya que no formaban parte de la comisión de gobierno que aprobó la licencia supuestamente ilegítima, a pesar de que votaron favorablemente a su concesión en el pleno de noviembre de ese año.
Igualmente, archiva la causa respecto al ex concejal de Asuntos Sociales aquel año Antonio Ojeda hasta que "el imputado recobre la salud", dado que ahora se encuentra enfermo. Contra el auto del juez cabe interponerse recurso de reforma en el plazo de tres días.
