"Canon digital con Z de ZGAE. Porque hay motivo". Este el banner que han comenzado a poner en sus páginas web las asociaciones de internautas, emulando el cartel electoral del PSOE y con el retrato de un José Luis Rodríguez Zapatero sonriente. El apoyo de los partidos que se autoproclaman de izquierdas -PSOE y IU- al canon digital no ha sentado nada bien entre la comunidad internauta que ha convertido a los dos grupos políticos y al Gobierno en blanco de sus críticas, desplazando a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), hasta ahora el gran Satán.

Las entidades que agrupa la Plataforma Todos contra el Canon no entienden que salvo el PP y Iniciativa per Catalunya los grupos políticos hayan dado la espalda a lo que consideran un clamor popular. La prueba que aportan a sus tesis: en apenas tres días se han enviado 17.000 correos electrónicos a los diputados y se han recogido más de 150.000 firmas en contra del canon, 50.000 de ellas el día en que se debatía su eliminación del Congreso.

La Plataforma ha anunciado que seguirá recogiendo firmas para llevar a cabo una iniciativa legislativa popular que pide la supresión del canon. Hasta el momento, llevan recogidas 1.470.000. La SGAE ha puesto en cuestión que el método de recogida de firmas sea válido y señala tener pruebas documentales en su contra. Además, pedirá que se

La Plataforma señala que la impopularidad de esta medida se prueba en que los sondeos realizados entre los internautas han arrojado un rechazo superior al 90%. En el caso de la encuesta abierta por ELPAÍS.com entre sus lectores, arroja por el momento un 92% de votos en contra del polémico gravamen, con más de 4.300 participantes.

Acciones a llevar a cabo

La primera acción que van a llevar a cabo es que la Plataforma se constituya como asociación con personalidad jurídica propia, con el fin de poder emprender acciones legales conjuntas contra la tasa. Entre los integrantes o colaboradores de esta plataforma están las asociaciones de internuatas AI y AUI, las organizaciones de consumidores FACUA; CEACCU, las patronales del sector tecnológico ASIMLEC, AETIC y ANEI, así como numerosas asociaciones académicas de las factuldes de informática e ingeniería.

Las organizaciones tienen previsto oponerse a la implantación de este impuesto en el próximo Consejo de Consumidores y Usuarios que discutirá la orden ministerial del canon, trámite previo necesario (aunque no vinculante) para la entrada en vigor de la medida.

Otra medida será la de denunciar ante Defensa de la Competencia por la desproporción del canon en relación a los precios de los soportes y equipos, a partir de la puesta en marcha de la orden del Gobierno que supone en algunos casos un sobreprecio del 40% sobre el precio actual.

La plataforma ha hecho un análisis comparativo de los incrementos de precios que sufrirán los equipos y soportes sujetos al gravamen, y dicen que subirán una media del 25%. Los aumentos van desde el 5% que supone el peso del canon para los móviles de gama baja; el 24,7% para los equipos de MP3 o el 43,9% de un pack de 100 CD-R. Para la confección de la tabla, han elegido los equipos con precios más bajos del mercado.

Asimismo, van a exigir al Gobierno que prohíba que los soportes como CD o DVD con música o películas originales contengan protecciones anticopia, ya que estiman que al estar sujetos al canon que ampara la copia privada esos sistemas son ilegales.

Algunas asociaciones van a reunirse con los grupos políticos para que impulsen la creación de un organismo público que se ocupe de la recaudación del Canon digital, en lugar de las sociedades de gestión de derechos como ocurre hasta ahora. Asimismo, pedirán que las cuentas de estas sociedades sean auditadas periódicamente bajo la tutela del Ministerio de Cultura.

Pese a su entusiasmo, no hay que lanzar las campanas al vuelo sobre la efectividad de estas iniciativas. Ayer mismo se veía truncada la propuesta de la Asociación de Internautas de tramitar a través del Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra el canon por la posible violación de la presunción de inocencia por el cobro anticipado del impuesto sin demostrar que efectivamente se vaya a hacer una copia privada. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, les respondió en el acto que el canon "no viola ningún derecho" y que no cabe otra cosa que acatarlo, porque simplemente traspone la directiva europea. Y eso que aún no le habían presentado un solo papel.